Durante los primeros cuatro años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) acumuló miles de páginas de investigaciones internas, que fueron detenidas una y otra vez. Documentos obtenidos para esta columna muestran que todos los encargados de la PGR, desde Jesús Murillo Karam hasta Alberto Elías, supieron de acusaciones de abusos de funcionarios en el caso, pero nadie fue consignado.
Las investigaciones por tortura comenzaron semanas después de la desaparición, aceptó Murillo Karam para esta columna. “En octubre de 2014 hubo dos denuncias. Dos de los detenidos confiesan todo lo que hicieron, pero dicen que fueron torturados”, relató.
Esto no impidió a la PGR continuar con el caso. “Me pareció verosímil, porque no cambiaban su versión. Ordené que se hicieran dos Protocolos de Estambul”.
En el siguiente año y medio, otros detenidos alegaron tortura. A cada denuncia siguió el papeleo, pero ninguna detención.
Para mediados de 2016, siendo procuradora Arely Gómez, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había hecho públicos dos informes críticos de la actuación oficial. La Visitaduría General de la PGR elaboró una revisión completa del caso, de más de mil páginas. Registra señalamientos graves, incluido que la PGR no investigó a tiempo las actuaciones del Ejército.
Un documento interno inédito, obtenido para esta columna, revela también que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) demoró más de nueve meses en informar que sabían de acusaciones de “actos irregulares” cometidos por servidores públicos.
Según el mismo informe, en 2016 ya había 11 investigaciones por tortura en curso. Los denunciantes eran Sidronio Casarrubias, Carlos Canto, Gilberto Parra, Alejandro Lara, Julio Mateos y Gildardo López. Cinco averiguaciones indagaban supuestas golpizas de agentes de la Policía Federal Ministerial a los detenidos. Nadie fue consignado.
Los expertos del GIEI también cuestionaron la actuación de la PGR en el río Cocula. Señalaron supuestas anomalías del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, durante diligencias no registradas en el expediente por el Ministerio Público.
Ninguna investigación interna tensó tanto al gobierno como ésta. Después de una reunión de la Procuraduría con Presidencia, la indagatoria sobre la diligencia en el río no fue hecha pública. El Visitador que la dirigió, César Chávez, fue removido de la PGR.
El documento, que se filtró a la prensa en 2016, no concluye que Zerón sembró restos humanos en el río, pero deja sin efecto el hallazgo, porque alega que la visita ocurrió sin autorización y violó el debido proceso.
Con los últimos procuradores del peñismo, estas investigaciones tampoco resultaron en alguna detención. Alberto Elías nunca informó avances a la Comisión de Derechos Humanos del Senado ni a los padres, dijo la senadora Angélica de la Peña. Murillo confirmó a esta columna que nunca fue llamado a declarar. Tampoco Zerón ni Abraham Eslava, el ministerio público que lo acompañó al río, dijeron fuentes cercanas.
Según fuentes de PGR, la discusión interna siempre giró en torno a que aceptar anomalías podría “tirar el caso”, porque los detenidos saldrían libres, como finalmente ha sucedido.
No es claro cuánto de estas indagatorias sigue hoy la administración obradorista. La vocería de la actual FGR no respondió preguntas para esta columna. Pero las pistas están en sus archivos, casi desde el principio.
@penileyramirez