Los señalamientos de corrupción hacia Ana Gabriela Guevara, la exatleta mexicana y ahora titular de la Conade, son hoy investigados por la Secretaría de la Función Pública.
Desde hace meses, la prensa y el Órgano Interno de Control de Conade señalaron una serie de desvíos por más de 50 millones de pesos allí. Guevara ha dicho que no está involucrada en ninguna transacción ilegal.
El 24 de junio, la Función Pública expidió una serie de oficios que indagan en las cuentas bancarias de Guevara, dos de sus funcionarios en Conade, más ocho del IMSS, principalmente de su delegación en Hidalgo.
De Guevara, la SFP envió a los bancos una dirección particular en una modesta colonia en Nogales, Sonora. Además, están en la indagatoria su subdirector de administración y subdirector general en Conade, José Omar Hernández y Sergio Monroy, uno de sus colaboradores más cercanos. La Conade no respondió a una solicitud de un posicionamiento sobre la indagatoria.
Los oficios están firmados por Luis Gutiérrez Reyes, subsecretario de combate a la impunidad en la Función Pública. Fueron girados a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria. Dicen que deben informar sobre todos los movimientos, hipotecas, giros y cuentas de los investigados. Como justificación, citan que sobre ellos “se realiza una indagatoria en materia de evolución patrimonial”.
Del IMSS, se incluyeron a ocho funcionarios, sus parejas y dependientes económicos. Varios estuvieron incluidos en una denuncia que interpuso el PRD para que se investigara la adjudicación en Hidalgo de un contrato millonario a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, y que denunció la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los funcionarios del IMSS investigados son Ulises Morales, director de adquisiciones e Infraestructura; Salvador Cháidez, coordinador de abastecimiento y equipo; además de Guadalupe Mayorga, Alma Gómez, Olga Lidia Ramírez, Claudia Pérez, Natali Peña y Armando Soto, quienes laboran en las áreas de adquisiones, servicios y Compranet para el Seguro Social. Ninguno de los investigados aparece con declaraciones patrimoniales de separación de sus puestos ni como sancionados aún por la Función Pública.
Morales dijo para esta columna que su área no estuvo involucrada en la compra de ventiladores en Hidalgo y que está dispuesto a que se le investigue, “en aras de la transparencia”.
En mayo, la organización MCCI reveló que el IMSS había adjudicado una compra de 20 ventiladores pulmonares –para enfrentar la crisis por la pandemia de coronavirus– a la empresa de Bartlett, a 31 millones de pesos, el precio más caro pagado desde que se declaró la pandemia.
Después de las revelaciones periodísticas, el IMSS anunció que había suspendido el contrato, porque la empresa no cumplió las especificaciones técnicas, y separó de sus cargos a los funcionarios de la delegación Hidalgo. Ahora esperan el proceso en la Función Pública.
En los próximos meses, sabremos si alguno de estos funcionarios resulta inhabilitado o sancionado. Las indagatorias son algunas de las primeras pesquisas bancarias que emprende la administración de Irma Eréndira Sandoval en la Función Pública, que en los primeros meses de la administración se enfocó principalmente en funcionarios de gobiernos anteriores. Veremos si vienen más casos, otros nombres, también del gobierno actual.
@PenileyRamirez
