-Todavía no tenemos tu orden de aprehensión, pero me dijeron en Los Pinos que debíamos detenerte. Te ofrezco un güisqui, puedes dormir aquí en mi oficina —le dijo el funcionario a Amado Yáñez, director y dueño de Oceanografía, una de las contratistas más importantes de Pemex.
Yáñez asintió. Era la noche del 20 de octubre de 2014. Siete meses antes, la Procuraduría General de la República había intervenido Oceanografía, después de que Banamex anunció en la Bolsa de Valores de México y en la de Nueva York que les habían cometido un fraude millonario.
El poderío de Emilio Lozoya en Pemex estaba al alza. Se negociaban en esos meses los contratos de Oro Negro, que han destapado en los últimos días un escándalo por las grabaciones secretas a exfuncionarios de la petrolera. Pero en aquel momento, el caso que tenía las primeras planas de los periódicos era Oceanografía.
En los meses anteriores y posteriores a la detención, me contó Yáñez cuando lo visité en el Reclusorio Sur, varios enviados quisieron obligarlo a vender su empresa. No aceptó. Todo esto pasaba en Pemex mientras se negociaban los contratos de renta de las plataformas marinas por las que ahora está demandado el gobierno mexicano. En su conferencia de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador me dijo que su gobierno investigará la corrupción en la petrolera.
Pero Oro Negro no es el único revés que se vislumbra para el gobierno mexicano, derivado del mandato de Lozoya. Este jueves se publicó en un tribunal de la Ciudad de México una demanda, que inició Oceanografía contra el banco. Piden que se les paguen más de mil millones de pesos de IVA que supuestamente Banamex retuvo todos estos años. Según el anuncio de aceptación de la demanda, obtenido para esta columna, el banco será notificado en las próximas semanas y tendrán 15 días para responder. Hasta ahora, no han hecho ningún pronunciamiento.
Yáñez estuvo casi tres años en la cárcel, acusado de que firmó estimaciones de pago alteradas. A mediados de septiembre de 2019, peritos de la Procuraduría de la Ciudad de México determinaron que él no firmó esos documentos, según un peritaje obtenido para esta columna. Con ello, ahora el empresario pretende quedar absuelto, en una determinación que su defensa espera para noviembre.
Este caso tiene origen en 2012, cuando Banamex y Oceanografía firmaron un contrato de factoraje. Esto significa que Oceanografía hacía un trabajo para Pemex, lo facturaban, Banamex le adelantaba el dinero a la naviera y luego cobraban a la empresa estatal. Todo operó así hasta 2014, cuando Banamex anunció que había sido víctima de un fraude y que Oceanografía le había hecho perder más de 400 millones de dólares de sus ganancias globales. El gobierno de Enrique Peña Nieto en apenas unos días intervino la empresa y poco después comenzó un concurso mercantil.
Cuatro meses más tarde, Pemex informó que los 400 millones habían sido pagados a Banamex, en un oficio también obtenido para esta columna. Pero el caso continuó. Años más tarde, el juez del concurso falló a favor de la naviera. Determinó que el banco no había presentado documentos suficientes que avalaran la deuda. Banamex se amparó, el caso llegó a la Suprema Corte y confirmaron: no había un fraude.
En los fajos del expediente del caso revisados para esta columna no hay un historial claro de que Banamex anunciara a Oceanografía que le debía dinero o que intentara cobrarle, antes de divulgar en la Bolsa la notificación que fueron víctimas de fraude. Hasta ahora, la defensa del banco se ha mantenido en la posición de que sí fueron afectados y no han respondido sobre las nuevas evidencias.
