En días recientes se llevó a cabo en San Luis Potosí el evento “Balance económico sobre desarrollo industrial y T-MEC”, presidido por el presidente López Obrador y la Dra. Claudia Sheinbaum, en el cual resaltaron dos términos: “política industrial” y “prosperidad compartida”. ¿Qué tiene que ver este par de términos con el rol del Estado en la economía? Para comprenderlo, remontémonos a los años noventa. “No tener política industrial es la mejor política industrial”, es una frase que se le atribuye haber popularizado en México al entonces titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche. Corría el año 1993 y el mantra imperante en la administración pública federal sostenía que el Estado debería intervenir lo mínimo en la economía y que los mercados serían los impulsores del crecimiento, así como distribuidores eficaces de los recursos. Es decir, se pensaba que a través de la apertura del país al comercio internacional, acompañada por la desregulación económica y la especialización basada en ventajas comparativas y competitivas, México alcanzaría el desarrollo. De esta manera, los tratados comerciales, y en particular el TLCAN, se consolidaron como la piedra angular del modelo de desarrollo nacional. Las estadísticas demuestran que mediante la implementación de este tratado comercial se incrementaron ampliamente las exportaciones del país, se atrajo inversión extranjera, se modernizaron diversas industrias nacionales y se generaron nuevos empleos. No obstante, las cifras macroeconómicas pierden sentido cuando no representan un medio para alcanzar un fin superior: el bienestar general de la población. Los alcances del tratado comercial se vieron mermados por la falta de impulso de políticas de desarrollo industrial, regional, tecnológico y social. Ante estas limitaciones, a diferencia de países asiáticos que lograron en este mismo periodo convertirse en economías desarrolladas, México se quedó rezagado como un Estado maquilador. Atraídas principalmente por la mano de obra barata y la vecindad con Estados Unidos, empresas maquiladoras y de actividades extractivas se instalaron en su mayoría en el norte y centro de México. Sin un enfoque de justicia social, algunas entidades federativas crecieron a tasas considerables mientras que otras tuvieron incluso índices negativos, dejando atrás a las regiones del país históricamente olvidadas. Bajo este contexto y de manera paralela, las exportaciones mexicanas crecieron con la misma intensidad con la que se agudizó la desigualdad, la marginación y la pobreza en el país. En otras palabras, la prosperidad y los beneficios derivados de esta política no fueron compartidos por la mayoría de la población. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y ahora con la de la Dra. Claudia Sheinbaum, se transformó por completo la visión del Estado para impulsar el desarrollo. En ese sentido, se ha dejado muy claro que el tratado comercial —hoy T-MEC— es muy importante más no es suficiente. El próximo Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en contraste con su homólogo de 1993, ha sido contundente: será impulsor de una política de desarrollo industrial para defender los intereses y el crecimiento de las empresas mexicanas, con un enfoque centrado en el desarrollo de cadenas de valor de los sectores prioritarios para América del Norte. En cuanto a la atracción de inversiones, el plan de la Dra. Sheinbaum establece que se le abrirán las puertas a las que sean sostenibles, que ofrezcan salarios justos, transfieran conocimiento, innovación tecnológica y valor agregado. Además, las nuevas inversiones deberán enriquecer la vida de las comunidades en las que se instalan. Bajo el modelo del Estado de bienestar ahora vigente, se ha mostrado una marcada diferencia para fomentar el desarrollo en las regiones del país, dejando claro que ni las fuerzas del mercado ni el tratado comercial por sí mismo son suficientes: el Estado necesita impulsar el desarrollo regional de manera deliberada, para no dejar a nadie atrás. En el sexenio que ahora termina, gracias a la inversión pública en proyectos de infraestructura, la región sur del país alcanzó tasas históricas de crecimiento económico. Por ejemplo, Oaxaca alcanzó una tasa de 13.1% de crecimiento en el segundo trimestre de 2023. Este tipo de inversiones representan uno de los factores por los cuales en la reciente elección la gran mayoría de los mexicanos optaron por la continuidad de las acciones de justicia social. En la misma sintonía y en búsqueda de un desarrollo equilibrado, la administración entrante plantea inversiones del Estado para obras estratégicas en 10 corredores industriales alrededor del país que, de igual forma, estimularán el crecimiento económico. Asimismo, las inversiones que provengan del nearshoring se promoverán bajo la perspectiva de desarrollo regional, alineadas con las vocaciones productivas de las entidades federativas. A treinta años del nacimiento del TLCAN, está claro hoy que el tratado comercial no fue suficiente como sustento único para el desarrollo nacional; por eso es indispensable consolidar un modelo de crecimiento y desarrollo económico con justicia social. Como el propio Francis Fukuyama reconoce en su último libro: “el neoliberalismo logró desestabilizar la economía mundial y socavar su propio éxito”. [1] La mejor política industrial es, por tanto, la que incremente la productividad sin generar marginación, la que aumente las exportaciones y al mismo tiempo disminuya la desigualdad, la que distribuya sus beneficios para la mayoría y no solo a unos cuantos y, como lo plantea la Dra. Sheinbaum, la que traiga consigo, para todas y todos, prosperidad compartida. [1] Fukuyama, Francis (2023). El liberalismo y sus desencantados. p.39. Ediciones Culturales Paidós.
