Cuando nos imaginamos las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) o al coloquialmente llamado lavado de dinero , muchas veces se nos vienen a la mente los paraísos fiscales como las islas Caimán, Andorra o Suiza, también pensamos en operaciones con monedas virtuales o complejas operaciones en la dark web. Evidentemente lo anterior es parte del fenómeno y de los medios que utilizan los delincuentes para mover y gastar el dinero producto del delito. Sin embargo, también es importante decir que en México la minoría de los delincuentes son los que utilizan este tipo de maniobras, aunque suelen ser los que manejan grandes cantidades.
La mayor parte de los delincuentes en México usan otros mecanismos menos complejos para utilizar el dinero derivado de sus delitos por lo que el papel de los estados y los municipios es básico como una pieza más del engranaje para atacar los activos y las herramientas de la delincuencia tanto organizada como común.
Considero que el municipio es la primera barrera para identificar los riesgos o generar alertas sobre posibles lavadores de dinero en una determinada comunidad. Evidentemente el municipio no puede investigar de manera directa este delito, pero sí puede informar a otras instancias estatales o federales de comportamientos inusuales y patrones anormales de sus habitantes como ya lo realizan los bancos, notarias públicas o las joyerías y más tratándose del interés público local.
En los municipios normalmente se tiene información de primera mano sobre quién está comprando terrenos, casas, edificios, construyendo o desarrollando. Quién está comprando vehículos de manera inusual, quién realiza donaciones a organizaciones públicas o privadas y también quién está invirtiendo de manera desproporcional, tanto en especie como en dinero en las campañas políticas. En este último punto empieza la corrupción y el debilitamiento de las instituciones públicas municipales cuando el dinero ilegal se mezcla en la política.
Evidentemente los municipios no pueden elevar una alerta basada en testimonios o en chismes locales. Las autoridades municipales para ese cometido deben tener ordenada su información patrimonial y hacendaria, para poder con base en información analizada generar alertas que puedan activar la actuación de las fiscalías.
Un primer insumo que el municipio puede utilizar es su base de prediales , para ver quién está concentrando la tierra o realizando compras de manera inusual, quiénes tienen los permisos de alcoholes (estos son muy importantes porque aquí se pueden generar otras actividades delincuenciales), quiénes están abriendo negocios en su comunidad, quiénes estan construyendo y desarrollando, quiénes controlan y concentran los permisos de ambulantaje (en este tipo de actividades se mueve efectivo) quiénes piden anuencias para actividades como bailes, ferias, carreras de caballos o peleas de gallos (el primer paso para el permiso es la anuencia municipal).
El municipio de una manera más o menos sencilla puede identificar si las personas que aparecen realmente son los beneficiarios finales de la utilización de los recursos de la delincuencia y que no solo sean prestanombres, puesto que por lo cercano del gobierno local las personas, tienden a conocerse a lo largo del tiempo y es más difícil esconder movimientos inusuales por la trayectoria patrimonial y económica de una persona dentro de su comunidad.
Además, en los municipios las redes familiares son también fáciles de identificar a partir de la información que se tiene en los archivos municipales (registro civil), siempre y cuando estos estén bien ordenados. En un municipio es más fácil saber quiénes son familiares y si no relativamente es fácil verificarlo. Bajo este modelo, el municipio se vuelve el primer eslabón para atacar el dinero de la delincuencia, por sus competencias constitucionales la función del municipio tiene que ser la generación de alertas de riesgo a las fiscalías estatales y federales. El potencial de los municipios en el ataque de activos a la delincuencia es estratégico y básico para las autoridades de procuración de justicia.
Las autoridades municipales se preguntarán qué ganan con esta medida, sobre todo si se piensa que el dinero ilegal que llega fomenta su economía e incluso la activa. Sin embargo, el fenómeno de regiones como Michoacán y Tamaulipas nos dice que el dinero ahí sembrado genera disputas y revanchas entre grupos, lo que en el tiempo le repercute al municipio de manera negativa en violencia y muerte, ausencia de inversión, pérdida de plusvalía de la tierra, falta de competitividad y generación de estereotipos de éxito basados en el dinero mal habido y, al final, termina retando a las autoridades municipales e incluso sometiéndolas. Es decir, es un monstruo que con el tiempo se vuelve contra el municipio y contra la mayor parte de sus ciudadanos y sus patrimonios.
Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador invitado del Centro de Estados Unidos y México de la Universidad Rice.
