El desmantelamiento del éxodo de caravanas migrantes centroamericanas, como los eventos recientes Ovidio / Culiacán - Lebaron / Sonora, muestran la politización y polarización de la opinión pública en torno a la decisiones presidenciales de tres potenciales contrapesos centrales a la Presidencia de AMLO: el gobierno de Washington, el crimen organizado y el narcotráfico y el reclamo del regreso al paradigma de la guerra contra el narcotráfico como salida a la crisis de seguridad.
En los tres episodios la constante es la necesidad presidencial de decidir frente a lo inesperado: evitar que se escale a una confrontación con la presidencia de Trump pagando el precio de la contención del éxodo migrante, sortear una derrota más trágica del Estado en territorio narco sinaloense y las lecciones de una narco criminalidad presta a demostrar que necesita para su dominación de un mayor pánico social / gubernamental.
¿Es posible alcanzar equilibrios ante dilemas que imponen circunstancias imprevistas? ¿La visión más elevada que se pretende alcanzar acaso debe ceder ante las prioridades que imponen las contingencias? ¿Estaba dotado el Estado y formada la Guardia Nacional de capacidad de respuesta para enfrentar los tres acontecimientos inesperados?
El denominador común para enfrentar estos eventos críticos ha sido -salvo en el caso de Culiacán-, responsabilizar al canciller Marcelo Ebrard de poderes de emergencia gubernamental para despejar la crisis. En el caso de Culiacán, el Presidente decidió que él y su gabinete de seguridad darían la cara, además de que en los tres eventos, las circunstancias sorpresa, se tiende a adaptar a la cosmovisión ideológico doctrinal del Presidente y la versión de sus funcionarios clave: las causas de la expulsión migratoria, las raíces socioeconómicas de la pobreza y la violencia, la confusión de la violencia narca.
La presión del gobierno de Trump ha disminuido respecto a la política de contención migratoria y se apresta a capitalizar política y electoralmente la tragedia de la familia Lebaron y la crisis del Estado mexicano en seguridad. La herida abierta del episodio Sinaloa en el orgullo del Ejército mexicano (que en algunas esferas castrenses decidió romper sus códigos de silencio), ha sido sorteada por el Presidente AMLO con un artificio eficaz: “no hay posibilidades de un golpe de Estado” contra su Presidencia.
Sobre todo los episodios Culiacán/Sonora/Chihuahua, contraen pésimas jugadas de la fortuna contra el gobierno de AMLO, han modificado abruptamente la agenda del Presidente y su sistema de interlocución con la prensa, la disposición de la Presidencia de Trump respecto a la estrategia anti narco y las víctimas de tragedias ominosas a manos del crimen. Sus efectos nocivos a corto plazo [las familias Lebarón y Langford acusan complicidad narco gubernamental estrecha, Trump nos ofrece su Ejército y la Guardia Nacional despliega una presencia importante como epicentro de inhibición de presencia migrante centroamericana en nuestro país] ¿podrán estos eventos límite de la fortuna ser superados por la gran estrategia de conciliación, pacificación y no guerra del Presidente López Obrador?
El Presidente ha reaccionado ante los eventos inesperados como si fuera una ofensiva de sus adversarios del sistema político para mantenerlo fuera de balance. Desecha métodos conocidos y convencionales en su toma de decisiones (¿deberían Gobernación o la Fiscalía General de la República haber asumido mayor responsabilidad o haberse removido funcionarios de alto nivel en su gabinete de seguridad?). Parece enfrentar la incertidumbre de los eventos inesperados con la intuición del político profesional que tiene su mirada puesta en los oponentes que le han rodeado durante su trayectoria política; aparenta distraer la opinión pública mientras da confianza a su equipo gubernamental ante las nuevas adversidades.
Los tres eventos subrayan una vinculación estrecha del sistema político con el estadounidense: la política inmigratoria como crisis social global / humanitaria y como fuente de capital electoral; el episodio Culiacán que crea entre el Presidente y su cuerpo militar una hendidura de división y desencanto, mientras el Presidente busca alternativas tácticas para construir vasos comunicantes de su estrategia de pacificación con los cárteles y, en el caso de la tragedia de las familias mexicanas estadounidenses Lebaron, el método gubernamental mostró sus límites institucionales y territoriales.
A su vez, se abre paso una nueva lógica comunicacional entre las organizaciones narco criminales para mantenerse en el negocio de la guerra: están eligiendo al azar familias -principalmente mujeres, niñas, niños y adultos mayores-, y sobre ellas, descargan la sevicia narco criminal más atroz. El desfile medial de imágenes trágicas de víctimas inocentes e indefensas devoradas en sus cuerpos, bienes y dignidad por la voluntad criminal, es la propaganda más eficaz de esta lógica pánica.
Son hechos que están haciendo girar intempestivamente el control presidencial de la agenda pública pero sobre todo, en su capacidad de adaptación para conducir las emociones y las pasiones colectivas. La abrupta presión a México para resolver en territorio mexicano el problema de la violencia y los flujos migratorios centroamericanos, así como la violencia social y narco criminal crecientes, están incubando un nuevo nuevo temperamento en la República, que presiona los tiempos, los métodos y los resultados de la estrategia de paz presidencial: mientras el pánico social teje nuevos dominios y los gobernantes de los tres niveles se muestran pasmados, las imágenes dominantes envían el mensaje de que nadie puede ni debe interceder en la administración del caos narco criminal.
Es realista el presidente AMLO al señalar que no hay condiciones favorables en el país para un golpe de Estado como el que históricamente anuló el régimen, el proyecto y la vida del presidente Francisco I Madero, logrando con ello evidenciar la fuerza política de su firmeza ante la estrategia de seguridad que encabeza frente a los acontecimientos, frente a los brotes de disidencia en el Ejército mexicano y sobre todo, envía un mensaje sobre su posición de preservar la soberanía mexicana frente a la vocación intervencionista de Estados Unidos de América.
Recordemos que una parte del éxito electoral arrasador que volcó el apoyo electoral en la elección de 2018 a favor de la presidencia de AMLO es la ira social, emoción soberana que reprobó y castigó la corrupción de las élites.
Guardadas las distancias, este nuevo temperamento pánico que empieza a emerger por la violencia, las muestras de desgobierno local y la preeminencia de la narco criminalidad, esparce nuevos temores sociales en la vida de la República, pudiendo convertir en el mediano plazo la ira de las víctimas y sus familiares / la ira social ante la cada vez más acendrada violencia, en una nueva emoción soberana en la que la indignación sea más fuerte que el miedo / pánico, por lo que ahí reside parte del nuevo reto y evitar que se produzca una desconfianza social en las decisiones presidenciales sobre la eficacia de la política de seguridad y pacificación: mientras se despliega la formación de un nuevo régimen político y un modelo social que atienda las inequidades socioeconómicas históricas que han prevalecido, hay que parar “el derrame de sangre en las salas de urgencias” (como señala en sus estudios Thomas Abt) y en comunidades más acosadas por la experiencia de la desolación, la extorsión y la muerte.
Difícil encontrar una mejor expresión que la de Maurice Merleau Ponty en 1949: “no siendo hecho puro, ni derecho absoluto, el poder no obliga, ni persuade: delimita -y delimita mejor-, apelando a la libertad que aterrorizando.” [Merleau, Ponty (1964). “Notas sobre Maquiavelo”. Signos, Seix Barral, Barcelona].
@pedroisnardo
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