No debe haber marcha atrás en los equilibrios de poder y constitucionales que el Presidente AMLO ha logrado en seguridad interior.
Las decisiones del Presidente AMLO se pueden resumir en lo sustancial, en responsabilizar a Alfonso Durazo en el mando civil de la Seguridad Pública, crear una Guardia Nacional, desmantelar el cuerpo policial civil heredado, darle amplias potestades y presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional, reconstituir -con el General Audomaro Martínez-, el sistema de inteligencia nacional, parar en seco patrones de abusos institucionales policiales/militares en materia de derechos humanos.
Al paralelo, se ha abierto la puerta para que el Ejército mexicano pueda rendir cuentas de su papel en el episodio histórico del secuestro y asesinato de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y mientras se avanza en investigaciones oficiosas, se mantiene tensa la cuerda de interlocución y se recrea la confianza entre el gobierno federal con víctimas y familias de víctimas de delitos y tragedias desoladoras para el país, como los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas de Iguala, la desalmada violencia sobre la familia Le Barón, que ha llevado incluso a ofrecer al Estado disculpa y lamentación pública.
El Presidente AMLO ha modificado sus posiciones públicas en el ámbito de la seguridad, de acuerdo a su propia metodología de decisiones de poder, decantando el amplio espectro de poder para militares y marinos en ámbitos diversos de la administración pública.
El presidente ha buscado imponer su lógica de principios de ética pública al actuar de sus funcionarios, conseguir un statu quo de no confrontación con las organizaciones del narcotráfico más hegemónicas mientras busca desmantelar sus bases de financiamiento y lavado de dinero e inhibir, en lo posible, episodios de violencia policial/militar institucional contra la población inerme.
Con la gestión de Alfonso Durazo, se han afianzado los equilibrios de poder en la República que han permitido avanzar en la visión presidencial de la seguridad, pero difícilmente un titular militar en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, permitirá retomar y avanzar en objetivos que el Presidente AMLO comprometió al inicio de su sexenio: pacificación del país, depuración y reforma de cuerpos policiales civiles del Estado mexicano, acabar con la impunidad alimentada por la corrupción de las instituciones públicas.
Advertimos una circunstancia decisiva para nuestra seguridad interior:
1.- Reconocer la lealtad, los avances sustantivos y el aprendizaje decisivo durante la gestión de Durazo, dando a su equipo actual y al Subsecretario Ricardo Mejía, una esfera de confianza para afianzar resultados a corto plazo y encabezar las reformas internas y los resultados en materia de reducción sustancial de homicidios dolosos, secuestros y acoso narco/criminal y a la propiedad de personas inermes en sus casas, negocios y calles, de aquí al fin de sexenio.
Justamente en ellos se sintetiza la experiencia de políticas públicas en seguridad y el debate legislativo, puesto que es aún necesario continuar con reformas legales y constitucionales, con conocimiento de causa y el dominio de indicadores que les permitan evaluar con precisión los avances y retrocesos en las líneas de acción implementadas.
El equipo de trabajo con Durazo al frente ha sido eje del diseño de un Sistema de Inteligencia Nacional, un telar que debe permitir al país contrastar bases de datos, políticas y buenas prácticas de incidencia y atención a los delitos y a las víctimas.
2.- Abrir el compás al nombramiento de una funcionaria civil, con perfil científico humanista, dando oportunidad a que la inteligencia militar que se madeja en el país se acompañe de una política de inteligencia socio estratégica en el que se recupere la reforma policial desde una agenda de género/intercultural y de derechos humanos en el servicio público y la protección ciudadana.
3.- Se dé pauta a que se restructure desde la instancia federal, la capacidad de construir nuevas reglas del juego ante las inercias y madejas dominantes de intereses fusionados narco/policial/criminales, poniendo a nivel federal al ahora Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
No ha disminuido la comisión de delitos dolosos, ni las muertes violentas, ni los feminicidios: ahí están las realidades cotidianas de miles en nuestra con ciudadanía que aún albergan esperanza en la acción del gobierno. Gobiernos de derecha e izquierda van y vienen y la complejidad del fenómeno les aturde y se mantiene.
Mientras, el cuerpo policial militar vía la Guardia Nacional mantiene el estado de reacción y protección posible ante las exigencias actuales, sigue pendiente el fortalecer las facultades de la fiscalía general de la República: dotarlo de mayores presupuestos y personal tanto jurídico como de investigación.
Incluso los miles de carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en vastos cajones de la Fiscalía del Gertz así como las decenas de miles de órdenes de aprehensión sin ejecutar y de carpetas de investigación sin seguimiento, son el mejor signo de que no es aconsejable una militarización extrema de las instancias policiales del Estado mexicano o el otorgamiento del mando civil en seguridad pública a un militar.
Acaso el dilema del Presidente AMLO para sustituir a Durazo en Seguridad Pública no es la puerta falsa de la militarización del país ya que ello heredó el camino sombrío que se profundizó con el sexenio de Calderón.
Con Durazo medrando su aspiración a gobernador de Sonora, la clave de mantener a un o una civil al mando de la titularidad en Seguridad Pública supone en realidad la decisión de AMLO sobre el estado de seguridad que realmente quiere entregar al país al final de su mandato.
