Ha concluido la participación cívica de la ciudadanía en el novedoso ejercicio democrático del nuevo régimen.
Un avance democrático en la medida en que el llamado para participar fue amplio y dirigido a todos.
Aunque los resultados no proporcionan satisfacción plena, el ejercicio es novedoso y positivo pero insuficiente.
Debemos avanzar en reflexionar sobre nuestras carencias y aventurar propuestas para hacer de la República un espacio de desarrollo pleno para todos.
No es suficiente que se tenga la legitimidad, la existencia de un proyecto de nación para conformar gobierno en turno y el que se tenga mayoría parlamentaria en el legislativo.
Necesitamos que las realidades y el estilo del ejercicio de poder de los principales actores de la nación, no se conviertan en problemas institucionales y en el funcionamiento de los poderes de la República.
México requiere un nuevo régimen político, con sustento en una reforma del Estado, cuyo fruto renueve la Constitución.
La reforma de los poderes de la República debe incluir un reacomodo en los tres poderes de la Unión.
Si no fortalecemos el Estado mexicano con un nuevo modelo semipresidencial, al menos la Presidencia debe volver a un periodo de 5 años como estuvo funcionando antes de Lázaro Cárdenas, y debemos instituir una Vicepresidencia facultada para operar la política exterior.
La adopción de alguno de ambos modelos -el semipresidencial/Vicepresidencia-, permitiría enfrentar los escenarios de gobierno dividido y los problemas de gestión pública y eficiencia gubernamental para la marcha ordinaria del Estado y para hacer frente a emergencias nacionales -pandemia, crisis de seguridad pública, desastres-.
En el Poder Judicial es necesario constituir un órgano independiente de ese poder que vigile el desempeño de los jueces, y algunas de ellas y ellos, ser aprobados por la Cámara de Diputados, la cual deberá revisar idoneidad para desempeñar el cargo.
En el Poder Legislativo se debe regresar al modelo federalista del Senado, mediante el cual sólo dos senadores por cada entidad federativa representen paritariamente el Pacto Federal: desaparecer las minorías y cuotas de partidos en el Senado que alimentan los senadores plurinominales.
Plurinominales solo deben existir en la Cámara de Diputados, porque son necesarios técnicos y especialistas en materias fiscales, presupuestales y macroeconómicas, de lo contrario, se legisla a ciegas.
En el Poder Ejecutivo se debe desaparecer la Secretaría de la Función Pública, para dotar a la Auditoría Superior de la Federación de mayores facultades y de personal técnico para revisar los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la unión en el ejercicio del gasto público y sancionar desvíos, omisiones e insuficiencias.
Dentro del proceso de la Reforma del Estado se ubica la necesidad de reformar el INE, órgano electoral que se ha convertido en censor y juzgador del ejercicio de las libertades públicas.
Se trata de una práctica antidemocrática impulsada por ciudadanos cooptados por los partidos, instrumento de éstos e inhiben la libertad de expresión.
En nuestra democracia todas y todos debieran opinar sobre los temas públicos sin cortapisas ni vetos ni censuras.
Los consejeros del INE deben provenir del resultado de las urnas, no de arreglos cupulares de los partidos.
En la dirección del órgano electoral deberemos procurar más sociedad civil y menos partidos.
El presupuesto de los partidos debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y entregado a éstos por la SHCP, es costoso y aberrante que el INE les ministre los recursos para sus actividades.
La tarea de fiscalización de los recursos públicos ministrada a los partidos debe recaer en el SAT, no en el INE, el cual ha engendrado un improvisado aparato fiscalizador, costoso e ineficiente.
Sin dudarlo, se debe emprender una reforma al INE, el cual está anquilosado y secuestrado por los partidos políticos.
El INE debe adelgazar y con ello el Registro Nacional de Electores desaparecer, para orientarse al manejo de una única cédula de identificación poblacional biométrica y de seguridad social manejada por la SEGOB, con los más modernos estándares de seguridad en la información y de preservación de la secrecía en la información ciudadana.
Ese registro debe ser articulado con la base de datos y el funcionamiento del R.F.C., por lo que no debe existir otro registro ciudadano.
La ausencia de un cambio de régimen y por lo tanto, de un nuevo sistema político, implica por ahora mayor crisis social y fragilidad futura de la nación.
La existencia de gobiernos divididos desde 1997 a la fecha y la ausencia de gobiernos de coalición (figura constitucional desde diciembre de 2018 de la que aún no se tiene legislación federal secundaria), muestra que el escenario de polarización política y la ausencia de mecanismos constitucionales para propiciar la colaboración y codependencia entre poderes de la República, seguirán agravando las crisis de competencias y capacidades de los tres órdenes de gobierno hacia coadyuvar al desarrollo de la nación.
La transformación del modelo de Estado y del ejercicio del poder y por lo tanto, la capacidad de reconstruir las instituciones del Estado, serán nuestra mejor brújula de cambio social y democrático duradero.