“Los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas“.
Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
A partir de hoy, lunes 9 de septiembre, las y los diputados federales, por ahora itinerantes, tienen ante sí inmensos retos históricos que solventar.
Aprobaron con éxito la Reforma al Poder Judicial, enfrentan ahora la discusión y aprobación ante el pleno camaral de la Reforma Constitucional más profunda y reivindicatoria de nuestra historia patria, hacerle justicia a los pueblos indígenas y Afromexicanos.
Las y los legisladores de la Cámara de Diputados tienen en sus manos la posibilidad de dotar de reconocimiento jurídico amplio, como sujetos de derecho público, a los pueblos originarios y afromexicanos.
Las comunidades y pueblos originarios llevan esperando más de 500 años para alcanzar plenos derechos humanos de tercera generación.
Después del proceso de conquista perecieron más del 90 por ciento de los pobladores originarios de estas tierras, derivado de la guerra y las enfermedades mortales traídas a América por los conquistadores.
500 años después un Presidente mexicano reconoce estos derechos y los lleva a estar inscritos en la más alta norma mexicana, la Constitución: el Presidente AMLO, sella así su legado libertario, real y de justicia social para nuestros hermanos indígenas y afromexicanos.
Sabemos que no es suficiente enumerar derechos en la Constitución para consolidar la transformación, la 4T hecha gobierno, ha trabajado políticas públicas y acciones administrativas en pro de los indígenas.
Así, el pasado 9 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante el cual se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (https://www.inpi.gob.mx/catalogo/).
El Catálogo encuentra fundamento legal en la propia Constitución mexicana; en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros ordenamientos jurídicos.
La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas lo obliga a integrar y operar un Sistema Nacional de Información y Estadística sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El Catálogo aspira a ser un instrumento de política pública del Estado mexicano para identificar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, así como sus principales instituciones políticas, económicas, sociales y culturales para garantizar el ejercicio de sus derechos colectivos, entre otros.
De esta manera el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con el apoyo del INEGI y del Gobierno federal, comenzaron las tareas de registro en septiembre de 2022.
Se identificaron tipos de comunidades indígenas y afromexicanas:
Comunidad Indígena.
Comunidad Indígena extensa
Comunidad Indígena en zona urbana.
Comunidad indígena residente y
Comunidad pluricultural.
El catálogo determina hasta ahora la existencia de 12.683 comunidades indígenas y afromexicanas.
Se trata de un universo de 71 pueblos indígenas y Afromexicanos con sus propias lenguas. Destacan:
*Pueblo Maya, lengua Maya, con 931 comunidades;
*Pueblo Nahua, lengua Nahua, con 3221 comunidades;
*Pueblo Otomí, lengua Hñahñu/Hñãhñu/Ñâtho/Ñuhu, con 1158 pueblos;
*Pueblo zapoteco, lengua Benne leaj/ Binnizá, con 777 comunidades
Nos relata el Dip. Gabriel García lo complejo que resultó diseñar el modelo de incorporación de las comunidades originarias al padrón de usuarios de los programas sociales del Gobierno Federal, tarea avanzada y con áreas de oportunidad.
Pues ahora si, pueblo y gobierno, caminan juntos por alcanzar una comunidad nacional integrada y justa.
La literatura internacional en ciencias sociales nos muestra que las políticas gubernamentales que tienen brechas contextuales con las comunidades y pueblos beneficiarias objetivo, pueden volverse disfuncionales e inequitativas.
El diseño meticuloso, multidisciplinar del proyecto del censo nacional en comento y el cuidadoso y escrupuloso trabajo de campo que lo sustenta, sugiere que estamos ante una política social de gran envergadura que tocará impulsar a la Presidencia de la Dra. Sheinbaum en beneficio de los pueblos originarios y afromexicanos.
Es responsabilidad mayúscula de nuestros diputados federales aprobar la Reforma Constitucional para que en el texto de nuestra Carta Magna esté inscrito ese amplio arcoíris de derechos sociales plenos para nuestras comunidades originarias.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
