La clase media apuntala la estabilidad social en cualquier régimen, siempre atenta y crítica de las políticas públicas; estridente y con mucho ánimo comunicativo.
En el periodo de la 4T la clase media se ha reducido; quizá logre un discurso articulador, acaso siga simpatizando por los partidos de derecha. No es sencillo definirla ni acotarla, no con la pluma de Gabriel Careaga en los años 70´s, ahora es más abierta hacia las costumbres y tendencias mundiales contemporáneas.
Pensamos que existen signos distintivos en los hábitos de consumo que ayudan a identificarla.
Aventuramos a creer que la clase media hace un esfuerzo sobrehumano para pagar una colegiatura mensual/anual para la educación escolar; aunque equivocadamente se cree que todo colegio privado cuenta con mejores estándares, mejores indicadores de calidad educativa.
Esto no sucede siempre; sin embargo, los padres realizan increíbles malabares para cumplir puntualmente con las predominantemente onerosas indicaciones de los propietarios, sobretodo de quienes han hecho de la educación prósperos negocios.
Otro hábito simbólico de la clase media es la adquisición de una póliza de seguros de gastos médicos mayores que aparentemente resuelve cualquier contingencia médica.
La clase media suele contar con el pago de una hipoteca que le permita vivir en una zona no periférica de las grandes urbes y eventualmente, además de que un núcleo de ella busca membresía de un exclusivo club deportivo, en donde pueda recrearse y dejar atrás el stress que la vida urbana provoca.
Decía Careaga que la clase media vive envuelta en mitos y fantasías; parece que medio siglo después lo sigue siendo y defiende sus sueños materiales con todo fulgor.
La 4T ha postulado con precisión su expresión de clase social: primero los pobres.
Pero en un afán de racionalidad y después de haber logrado avances incluso de cambio constitucional, consideramos oportuno reflexionar sobre un fenómeno injusto que lastima a las clases medias: el aumento irracional de inscripciones y colegiaturas en el periodo escolar que corre, a pesar del COVID-19, fenómeno que ha provocado decrecimiento económico, cierre de negocios, desempleo, falta de inversión, fuga de divisas.
Es momento que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía presenten un proyecto de Decreto mediante el cual se prohíba a toda institución educativa elevar montos de las colegiaturas por un periodo mínimo de un año contados a partir del mes en curso.
El propósito es impedir abusos de los negocios del saber -confesionales y no confesionales-, en una coyuntura en donde la planta productiva estuvo estancada durante meses.
Existen muy escasos modelos de gestión en donde las comunidades de padres de familia y autoridades educativas privadas logren revisar con objetividad, realismo y sensibilidad socioeducativa las posibilidades de gasto educativo de las familias de clase media.
Destacamos aquí el testimonio de un colegio al sur de la Ciudad de México cuya iniciativa de su Patronato, Dirección escolar y asociación de padres de familia - a través de profesionales de Trabajo Social de la UNAM-, entrevistaron en sus hogares y online a familias, al revisar los ingresos y gastos indispensables para poder revalorar el pago de un monto justo por los servicios educativos recibidos y ante los meses críticos entreverados por la pandemia; con esos diagnósticos socio económico educativos y por impacto del COVID-19, otorgaron incentivos diferenciados a las familias a nivel trimestral y anual, evitando una disminución de la matrícula y el engroso de las tasas de deserción escolar.
Justo dicho colegio pudo ponderar las redes primarias de apoyo, así los cambios parciales o estructurales en los apremios, la salud y las capacidades de solvencia en el entorno de las familias de su alumnado, convirtiéndose en un factor de protección ante los riesgos y ahogos que están enfrentando.
Es tiempo de que las autoridades educativas federales, la Procuraduría del Consumidor y los legisladores federales elaboren propuestas urgentes de solución para este problema creciente.
Como decía el viejo Reyes Heroles, es más caro educar a un niño que no educarlo; a esto se aúna el hecho de que si no se pueden cubrir en el hogar incluso necesidades básicas, por no haber acceso o poder cubrir préstamos/ créditos, o por la no sostenibilidad del pago de sus rentas o de si las micro empresas familiares, ingresos y ventas de pacientes/clientes se han debido clausurar o se han reducido sustancialmente.
Estamos ante un virus con consecuencias masivas desiguales contra las clases más desprotegidas y sobre las que tenían un ingreso promedio mayor a escala nacional, y de no generarse un sistema de protección fiscal y educativa desde el Estado, se dejará al abandono y al azar la educación de varias generaciones de niñas, niños y jóvenes.
Los costos sociales de no actuar y el de no apoyarse en criterios diagnósticos y científicos diferenciados respecto a la merma del bienestar y estabilidad en familias pobres y de clase media, son infinitos.
