El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”, publicado por Marcela Meléndez -economista Titular del PNUD de la región en comento-, junto a un equipo de especialistas en Políticas de Desarrollo y ODS, quienes sustentan la tesis de que ambos procesos se refuerzan entre sí, impulsando la trampa de desarrollo en nuestras naciones.
El estudio insiste en tres factores sociales críticos: la concentración de poder; la violencia en todas sus formas, política, criminal y social; y los elementos de diseño de los sistemas de protección social y de los marcos regulatorios de los mercados laborales que introducen distorsiones a la economía.
Suscribe el análisis del índice de Gini, la concentración de ingresos en la parte superior y los patrones de convergencia en varias capacidades, generalmente medidas con base en encuestas de hogares.
El alcance multidimensional de los ejes de análisis explora las desigualdades verticales , por ejemplo, basadas en diferencias de ingresos o riqueza y las desigualdades horizontales entre grupos, por ejemplo, basadas en diferencias de género, etnia o raza, ubicación geográfica, vulnerabilidad al cambio climático, orientación sexual o identidad de gé-nero.
La región de América Latina y el Caribe (ALC) se mantiene como una de las que ha tenido históricamente las tasas de desigualdad más elevadas del mundo: el quintil más rico de la población de la región representa alrededor del 56 por ciento de los ingresos nacionales , brecha agudizada por la pandemia del COVID-19.
A raíz del cierre y la agonía de las empresas, los ingresos han disminuido y el desempleo ha aumentado en millones de hogares que luchan por sobrevivir; la brecha digital y la ausencia de habilidades digitales adecuadas persisten, “elevándose a 22 millones de personas quienes han caído por debajo de la línea de la pobreza en la región, regresando a los niveles del 2008” .
El Informe asume que las desigualdades que conducen a la concentración del poder en manos de unos pocos pueden distorsionar las políticas públicas en formas que perpetúan los patrones de desigualdad existentes y obstruyen la productividad, incrementando cada vez más el número de ciudadanos inconformes con el statu quo.
Se reconoce al poder de monopolio y al poder político empresarial como dos caras de la misma moneda porque las rentas de monopolio se traducen en un poder político que, a su vez, crea un círculo vicioso contra los consumidores quienes pagan precios más altos por bienes y servicios y se crean incentivos para operar con tecnologías ineficientes.
El estudio documenta que más allá del ingreso, otras formas de desigualdad persisten obstinadamente: las brechas de género en participación laboral y horas de trabajo no remunerado, dedicadas a actividades de cuidado, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego desigual y violento.
A su vez, las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos.
Las minorías étnicas continúan sin reconocimiento como agentes económicos y políticos activos y rezagadas en el acceso a los servicios básicos, incluidas la salud y la educación, distribuyendo perniciosamente desde el nacimiento los talentos de las personas y con ello, excluyéndose a una parte del capital humano del mercado laboral o sentenciándose a segmentos sociales a una menor acumulación de capital.
El informe sustenta la importancia de asumir un enfoque de política más sistémico que considere fundamentalmente estos factores de manera conjunta y desde una perspectiva de largo plazo.
“Un rasgo distintivo de los sistemas fiscales de la región es su débil poder redistributivo. Los índices de Gini en AL, con pocas excepciones, permanecen esencialmente inalterados después de que los hogares pagan impuestos y reciben transferencias del gobierno. Además, los sistemas tributarios de la región no generan los ingresos necesarios para invertir en el desarrollo a través de la provisión de servicios y bienes públicos de calidad a la población”.
En el caso mexicano, la visión del Dr. Rogelio Ramírez de la O -el nuevo Secretario de Hacienda-, de proponer un presupuesto multi anual que sea impulsado por la propia H. Cámara de Diputados, puede coadyuvar en ese propósito.
Es claro que de no lograrse impactar en dicho proceso integral en hogares de clase media y pobres/impuestos/transferencias y mientras no se corrija que el sistema fiscal y la economía admita que individuos/familias/empresas más ricas contribuyan menos (caso ge-neralizado en ALC), poco se incidirá en la trampa del desarrollo/crecimiento.
La pandemia ha evidenciado sus límites, las brechas de ingreso y de desprotección del propio personal de salud y la importancia de reformar e impulsar nuevas instituciones sociales y de salud pública:
En ALC, las tasas de pobreza han disminuido en gran parte porque los hogares reciben transferencias de ingresos y no tanto porque los ingresos de los hogares pobres hayan aumentado (…) Estas transferencias deben integrarse mejor con las políticas de seguridad social, cubriendo a todos los pobres y no pobres en las mismas condiciones y con la misma calidad.
Una menor movilidad educativa intergeneracional es el nuevo proceso estructural regional; así, es necesario el respaldo de políticas públicas nacionales a las clases medias e incentivos fiscales y empresariales para una redistribución justa y sostenible, del acceso y la formación de educandos desde los niveles básicos e intermedios.
“La gente se siente frustrada no solo por la injusticia en los resultados sino también en los procesos, dada la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos: en 2020, el 77 por ciento de la población de la región creía que esto era así (con un 70 a 80% promedio), y la proporción alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en Chile y Costa Rica” (Informe PNUD ALYC, 2021:22).
A nivel de capacidad de ejercer regímenes democráticos genuinos, ausencia de políticas públicas integrales y fragilidad del Estado de Derecho, América Latina y el Caribe sigue permeada por lógicas de desmovilización social, narco estado, represión selectiva y sesgos dictatoriales, es una ecuación compleja de factores que implican poner en duda el futuro de la gobernanza regional, que seguirían refrendando patrones de desigualdad y elevada volatilidad/crecimiento mediocre, dado el espejo de varios desafíos nacionales críticos que enfrentan nuestras sociedades.
“La región aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, actos de violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas. La violencia social y doméstica también está muy extendida en la región y afecta especialmente a las mujeres (…) Tanto la violencia social como la doméstica son problemas graves en ALC. De hecho, la región tiene algunas de las tasas más altas del mundo de violencia se-xual y violencia contra las poblaciones LGBT+, y el feminicidio es un tema crítico en muchos países de la región. La violencia social y doméstica también afecta a los niños y adultos mayores dentro del hogar y ha sido un área de creciente preo-cupación durante los confinamientos a raíz del COVID-19”.
El estudio del PNUD regional ve como un aliciente los avances en democracia paritaria, a nivel político/electoral, aunque en lo étnico racial y laboral hay mucha tela para superar desigualdades.
La trampa del desarrollo supone una trama con beneficios y beneficiarios claros entre élites económicas y políticas, sistemas y políticas públicas, prácticas, leyes y percepciones. Para sortear la trampa no deben desdeñarse las estrategias y políticas de corto plazo.
Tanto desde la esfera de la ciudadanía y las comunidades mismas, que toman el riesgo de sus vidas y la de los suyos, dadas las lógicas de poder, desigualdad, injusticia, criminalidad y dominación opresivas imperantes.
Pero también desde la esfera de los riesgos sociales y globales compartidos: crimen organizado/narcotráfico; terrorismo; cambio climático (sólo hay que ver las consecuencias devastadoras de inundaciones y deslizamientos de tierra recientes en Alemania y la India); vacunas y patentes distribuidas con celo monopólico y electoral, en los que la geopolítica y los intereses nacionalistas también se imponen como ritos suicidas selectivos.
Lastimosamente y a pesar de la experiencia COVID-19, seguimos en la cosecha mundial de los resultados del imperio del egoísmo, la depredación del capital, el poder y la dominación.
Hilo fino. Agradecemos a la Organización de la Sociedad Civil Grupo Chapultepec, la referencia del estudio que dio vida a este artículo.
