El Senado ya lo aprobó. Los ciudadanos tendremos que entregar al gobierno nuestros datos biométricos. Si queremos tener un teléfono celular, estaremos obligados a registrar nuestras huellas dactilares, a permitir que nos escaneen el iris de los ojos y a dejar en sus manos nuestro reconocimiento facial. Eso es equivalente a darles acceso a toda nuestra información presente y futura. Es más delicado que entregarles nuestras contraseñas. Esas podemos cambiarlas, el iris de los ojos no.
Claro que es voluntario, si no autorizas la entrega de tus datos solamente te cancelan de manera definitiva la línea telefónica y pagas una multa de casi 90 mil pesos. Si no quieres hacer ese desembolso ni volver a comunicarte a través de telegramas, entonces debes darles esos datos que debieran considerarse confidenciales y personalísimos.
Fueron 54 votos a favor de Morena y sus partidos aliados; 49 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El objetivo, dijeron, es reducir la incidencia de secuestros, extorsiones y cobros de piso. El razonamiento es que bastará con ubicar a la persona que registró el celular utilizado en una acción criminal, para tener al responsable de ese delito. Pero, ¿de verdad creen las autoridades y los senadores que aprobaron esto, que un delincuente va a usar un teléfono registrado con sus datos para delinquir? Habrá el tonto que lo haga, pero la mayoría encontrará la manera de darle la vuelta.
La consecuencia lógica de esto es que aumente el robo de celulares. El teléfono ajeno se vuelve más valioso para la delincuencia, y es que convierte al ciudadano que lo registró en culpable del delito cometido con él hasta que demuestre lo contrario. Así de cómodo para los criminales.
Pero no es el único delito que podría aumentar. Irene Levy, Presidenta de Observatel y experta en telecomunicaciones, advierte que esta nueva disposición podría generar más secuestros. Es un incentivo para privar de la libertad a una persona y usar su teléfono para delinquir mientras la tienen cautiva.
Las bases de datos en México se comercializan impunemente. La información que entregamos al banco, al INE o hasta a quien nos lleva una pizza a casa, se incluye en listas que fácilmente puede comprar quien sea. Preocupa que esto mismo ocurra con los datos biométricos. El tema es que, al tratarse de algo tan personal, no puede jamás modificarse. Se puede cambiar de dirección, de contraseñas o hasta de nombre, pero no se puede cambiar de huellas digitales.
Existe el riesgo de que el gobierno falle en la tarea de proteger estos datos o, peor aún, que alguna autoridad haga mal uso de ellos. Son muy pocos los países que tienen políticas similares: Venezuela, China y Arabia Saudita encabezan la lista a la que ahora se suma México.
Los partidos de oposición anunciaron que acudirán a la Suprema Corte para impugnar estos cambios a la ley. Solo desde el poder judicial podría revertirse este atropello. Mientras tanto, el posible uso arbitrario de los datos biométricos nos deja a todos en una terrible vulnerabilidad.
@PaolaRojas
