Se veía venir. Eran los últimos días de marzo y en este espacio escribí sobre la preocupante posibilidad de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública quedara inoperante ante la falta de nombramientos de sus comisionados. Ya desde entonces parecía no haber la voluntad política para cumplir con esa responsabilidad. Tres de sus integrantes terminaron su periodo y el Senado no ha designado aún a quienes quedarán en su lugar.
Desde el Inai se buscó solucionar el asunto a través de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte para que el organismo pudiera sesionar con solamente cuatro comisionados.
Por lo pronto, las sesiones del pleno del instituto no tienen validez y el futuro de este órgano autónomo es incierto. Hoy no solamente vive una crisis de operación, si no que es también blanco de cuestionamientos desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador lo considera “un gasto innecesario” y sugiere que sus funciones las realice la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Los actuales comisionados explicaron vía redes sociales las razones por las que estas entidades no pueden absorber el trabajo que hace el Inai. Julieta del Río detalló en Twitter que las funciones de la SFP “se basan en la inspección del uso del gasto público”, mientras que el propósito de la ASF “es ser la entidad fiscalizadora del país". Algo crucial es que el Inai cuenta con autonomía para cumplir con sus tareas y representa por ello un importante contrapeso.
Las voces que defienden al instituto son cada vez más. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU urgió a los senadores a que elijan a los comisionados antes de que concluya el periodo ordinario para “preservar los avances en materia de acceso a la información”. Agregó que los órganos autónomos permiten “proteger los derechos humanos de las sociedades democráticas y transparentes”.
El Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos (OOCAs), conformado por algunas de las principales instituciones educativas del país y destacados académicos, también se sumó a este llamado y señaló que la dilatación en los nombramientos de los consejeros ha sido “excesiva e injustificada y ha generado un debilitamiento institucional”.
Gracias al Inai han podido documentarse investigaciones tan relevantes como la Estafa Maestra, la Casa Blanca, el caso Odebrecht y la corrupción en Segalmex. Debilitar o desaparecer a este órgano sería claramente un retroceso en el combate a la corrupción, cuando lo prometido ha sido exactamente lo contrario. Sin Inai habría menos transparencia y más concentración de poder. Los ciudadanos no queremos eso.