En medio de la pandemia de Covid 19 que paralizó al mundo, el gobierno tomó la decisión de desaparecer 109 fondos y fideicomisos. Con 242 votos a favor, 7 abstenciones y 178 votos en contra, los diputados aprobaron el dictamen promovido por Morena para que dejaran de existir con el argumento de que en ellos había corrupción.
El 3 de diciembre pasado, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra su eliminación. Desde su cuenta de Twitter escribió: “A nombre de miles de mexicanas y mexicanos que se ven afectados por la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos por parte del gobierno de México, acudo a presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de esta decisión que decrece el desarrollo del país”.
Orozco solicitó la suspensión de cualquier movimiento financiero en contra de los fideicomisos. Pidió que los recursos regresen al esquema anterior para poder tener los mismos programas. El gobernador de Aguascalientes habló por quienes están sufriendo la decisión del gobierno de retirar las ayudas. “Ya es mucho daño económico el que se le hace al estado y a los municipios. Cada día menos recursos están llegando, a pesar de que muchos de los estados que participamos en esta Alianza (Federalista) aportamos en recaudación”.
Los gobernantes de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato habían ya procedido de la misma manera por las afectaciones que esta cancelación genera para sus estados.
Si la decisión de desaparecerlos se debió a malas prácticas, lo deseable sería conocerlas y sancionarlas. El propio presidente se comprometió, en una de las conferencias matutinas posteriores a la eliminación, a presentar las pruebas de la señalada corrupción. Planteó incluso que detallaría lo desvíos de los fideicomisos cancelados y los presentaría uno por uno. Han pasado dos meses y esas pruebas aún no se presentan.
Si no se esclarecen las acusaciones de corrupción, tendría que revocarse la orden de cancelación de los fondos. Por lo pronto tenemos el peor de los escenarios: nos quedamos sin fideicomisos y seguimos sin pruebas.
