Expiró la norma implementada por el gobierno de Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de migrantes a México. Los regresaban en cuestión de minutos a este lado de la frontera para evitar contagios por Covid, pero una vez superada la emergencia sanitaria, acabó el llamado Título 42. Eso ha generado una nueva crisis en una región donde ya de por sí hay un caos permanente. Personal de migración en la Unión Americana estima que el número de cruces fronterizos podría triplicarse. Es por ello que el gobierno de Joe Biden envió a inicios de mayo a 1500 militares a la frontera.
A partir del jueves pasado es el Título 8 el que sigue vigente. Este obliga a quienes quieran pedir asilo a hacerlo vía digital desde sus países de origen. Solo con ese requisito pueden presentarse ante las autoridades estadounidenses para ver si se les otorga ese beneficio. El proceso puede durar meses o incluso años. En ese lapso ocurren todo tipo de atropellos y abusos.
Para México el reto es inmenso. Solamente el primer día en que se implementó la nueva normatividad, regresaron a nuestro país a casi mil personas. En la ciudades de la frontera norte los albergues están desbordados, hay campamentos improvisados y los retos de seguridad aumentan todos los días.
Las autoridades municipales no tienen la capacidad ni los recursos para atender esa problemática. En la frontera sur hay cada vez más elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de frenar el acceso a los migrantes. Además, el Instituto Nacional de Migración (cuyo titular, Francisco Garduño, está vinculado a proceso) anunció el cierre de decenas de estaciones migratorias y dio la orden de no otorgar más permisos de libre tránsito por el país. No es la primera vez que se endurecen las medidas para tratar de disminuir el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo , ningún intento ha detenido a la migración. Al contrario, se trata de un fenómeno económico creciente que se acentúa con la violencia y la inseguridad. Los que dejan su lugar de origen por hambre, solo están dispuestos a regresar si hay alguna oportunidad de trabajo que les garantice el sustento. Pero los que huyen por conflictos políticos o sociales no tienen opción. El miedo nubla cualquier posible retorno. De todo esto se aprovechan las redes de tráfico de personas. Cambian las administraciones, cambian las normativas, se “refuerzan las fronteras”, y los polleros siguen ahí. Se adaptan a las nuevas circunstancias con una velocidad que asombra. Mientras el dinero fluya, nada los detendrá. Según datos de la Secretaría de Gobernación, un migrante paga en promedio 5 mil dólares para que lo crucen. Seguir la pista de ese dinero podría ser parte de la solución, pero estamos hablando de un negocio millonario que necesariamente involucra a autoridades en ambos lados de la frontera. Difícilmente se optará por esa vía. Todo indica que seguirán implementando nuevas estrategias de contención de migrantes y endurecerán el discurso según requieran los tiempos políticos. Mientras no exista una verdadera voluntad de terminar con el tráfico de seres humanos, el fenómeno seguirá creciendo a costa del sufrimiento y la explotación de los más desfavorecidos.
@PaolaRojas
