Los mexicanos vivimos cada vez con más miedo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del segundo trimestre de este año, el 67.4 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad. Llama la atención el aumento que tuvo con relación al trimestre previo. Apenas en marzo de este año, esa misma percepción era de 66.2 por ciento.
Hay además pocas expectativas de que esto mejore. Según esa misma medición del Inegi, en junio de 2022, el 34 por ciento de la población consideró que en los próximos 12 meses la inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que el 28.5 por ciento respondió que cree que la situación empeorará en ese mismo lapso.
La apuesta de este gobierno para combatir la inseguridad es la Guardia Nacional, que a partir de este 10 de septiembre ha quedado plenamente incorporada a la Secretaría de Defensa. El viernes pasado el presidente lo publicó en el Diario Oficial. Con ello la Sedena tiene el control operativo y administrativo de la corporación que se prometió civil desde su creación, pero nunca lo fue del todo.
Inicialmente la Guardia Nacional se conformó con elementos de las policías Federal, Militar y Naval. La idea era incluir paulatinamente a nuevo personal, lo cual tomaría tiempo debido a la necesidad de darles la capacitación adecuada. La realidad a tres años de su surgimiento es que hay en sus filas un 80 por ciento de militares: 65% de la Sedena, 15% de la Marina, y 20% de lo que fue la Policía Federal.
La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa generó polémica debido a que muchos consideran que nos lleva a una clara militarización del país. El Ejército no tiene un enfoque de seguridad ciudadana adecuado ni está formado para tratar con civiles, por lo que preocupa su permanencia en estas tareas. Amnistía Internacional lo dijo con contundencia el viernes pasado: “Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”.
El PAN ya está preparando más de una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir esta decisión. La primera la presentarán desde el Senado y después buscarán ingresar este mismo recurso desde la Cámara de Diputados. De acuerdo a Santiago Creel, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, los artículos que se violan con este decreto son los 21, 15 transitorio que crea la Guardia Nacional, y 129.
Está claro que la decisión de que el mando de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa es del presidente López Obrador. Esa es su apuesta para combatir la creciente y preocupante inseguridad. Al país le urge disminuir los niveles de violencia. Si el objetivo no se cumple, tendrá él que asumir la responsabilidad. Las cosas se están haciendo a su modo, por lo que ya no aplica eso de culpar a los gobiernos anteriores. Con cuatro años en el poder, cada vez menos contrapesos, mayoría en el congreso y el respaldo de buena parte de los ciudadanos, ya le toca afrontar los efectos de sus decisiones.
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