Gustavo Petro cumple hoy un año como presidente de Colombia. Llega a este aniversario en medio de la polémica, investigado por el presunto financiamiento ilegal de su campaña y con un hijo acusado de enriquecimiento ilícito.
El escándalo empezó en marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez, exesposa de su hijo, declaró ante medios de comunicación que Nicolás Petro había recibido dinero de narcotraficantes. La investigación avanzó y el 29 de julio detuvieron al hijo mayor del presidente colombiano.
“Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, Esto dijo el mandatario luego de la detención. Sin embargo, el panorama es ahora distinto.
Aunque inicialmente negó los cargos, Nicolás Petro luego reconoció que sí recibió cantidades millonarias y declaró también que parte de ese dinero se destinó a la campaña de su padre. Esto último obviamente coloca al presidente en un muy incómodo lugar: ahora él mismo es investigado y la legitimidad de su llegada al cargo se tambalea.
El viernes pasado el primogénito del presidente colombiano y su exesposa dejaron la cárcel. Un juez les permitió que lleven su proceso en libertad. Se sabe que esto es producto de un acuerdo en el que Nicolás Petro se comprometió a entregar mas información y colaborar con la Fiscalía General de su país.
Por lo pronto se sabe que habría recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, y Gabriel Hilsaca, señalado por los mismos delitos. Lo que no se sabe es a cambio de qué fueron esas entregas millonarias. Eso es clave porque ayuda a entender el cada vez más poderoso mundo de la narcopolítica.
Lo lógico es asumir que los criminales compran “protección” de los políticos. Pagan para que su negocio no sea bloqueado por la autoridad. Pero existe evidencia de que el fenómeno es más complejo. Hoy buscan acceder al poder, tener peso electoral y hasta imponer a candidatos.
¿Qué ocurre cuando un gobernante está comprometido con el narcotráfico? ¿Hasta dónde impacta en las políticas públicas el crimen organizado? ¿Cuánto dinero del narco hay en las campañas electorales? ¿Cuáles las consecuencias? Algunas de estas preguntas no solo aplican para el caso colombiano. Son varios los países en Latinoamérica con problemáticas similares; México, lamentablemente, no es la excepción.
