La semana pasada se llevó a cabo en México la Cumbre Global sobre Democracia Electoral. Los participantes compartieron puntos de vista sobre los riegos que vislumbran en el panorama actual y lanzaron advertencias sobre las que vale la pena reflexionar. Plantearon, por ejemplo, que la pérdida de confianza en la institucionalidad democrática propicia el surgimiento de liderazgos políticos con tendencias autoritarias y populistas. Hablaron también sobre la amenaza al debate público y a las libertades ante la concentración del poder. Fueron especialmente enfáticos en la necesidad de que los órganos electorales cuenten con imparcialidad e independencia para que se pueda preservar la democracia. Sobre este último punto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que existe “evidencia de los empeños por vulnerar la autonomía de los organismos electorales”.
De los cuestionamientos al INE todos hemos sido testigos. Aún cuando se trata de la autoridad que validó las elecciones que llevaron al poder a quienes hoy gobiernan, los ataques al órgano electoral han sido una constante en esta administración. Inquieta la hostilidad verbal en contra de la institución, pero preocupa aún más la posibilidad de que en el corto plazo se apruebe una reforma que la debilite y le reste autonomía.
Es la reforma que sigue. Está en la agenda legislativa para este periodo. La propuesta contempla que haya un nuevo árbitro electoral, menos consejeros y una disminución del financiamiento público para los partidos. Plantea también eliminar a todos los órganos electorales locales para concentrar los procesos en dos órganos nacionales. Requiere del voto a favor de dos terceras partes del Congreso porque modifica 18 artículos constitucionales. La oposición ha anticipado que no la respaldará por antidemocrática.
Por lo pronto en el Senado la atención está puesta en la reforma constitucional para ampliar la presencia de los militares en tareas de seguridad pública; esa que surge de una iniciativa sorpresivamente presentada por una diputada afín al presidente nacional priista Alejandro Moreno, quien es investigado por el gobierno y no parece por ello estar dispuesto a enemistarse con quienes podrían enjuiciarlo.
La propuesta que dividió al Revolucionario Institucional y que amenaza con desaparecer a la alianza de la oposición no se aprobó la semana pasada, pero el partido en el gobierno está buscando los votos necesarios para que ocurra.
Esa incertidumbre que afecta a la coalición opositora en el Congreso se traduce en vulnerabilidad para los órganos electorales. La defensa del INE está en manos de una alianza que se tambalea. Asusta pensar en la amenaza que eso representa para nuestra democracia.
@PaolaRojas
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