Mientras miles marchaban en las calles exigiendo igualdad de derechos, respeto y un freno a la violencia de género, once mujeres eran asesinadas en nueve estados del país. Duele saber que el mismo día en el que tantas se tomaban conmovidas de la mano y unían fuerzas para defenderse juntas, otras estaban siendo víctimas de la hostilidad feminicida.
Es tan desalentador que hay quien podría dudar de la pertinencia de movilizarse. Sin embargo, hay que alzar la voz aun si los asesinatos no cesan. De hecho, hay que marchar precisamente porque las agresiones persisten. Dejar de hacerlo sería igual a rendirse.
Los reclamos de todas no han sido en vano. Hay algunos avances que renuevan la esperanza de tener eventualmente una realidad menos adversa. Un ejemplo es el dictamen que se envió ya al Senado para establecer que el servidor público que entorpezca una investigación por feminicidio y retrase con ello la administración de justicia, recibirá una pena de prisión de cuatro a doce años. Es una medida importante porque pone el foco en el combate a la impunidad generada por la lentitud e ineficiencia de la autoridad para resolver buena parte de los procesos en contra de los agresores.
Otra paso hacia adelante es la aprobación en la Cámara de Diputados de cambios al Código Penal Federal para sancionar hasta con 15 años de cárcel los ataques con ácido. Si esa agresión llega a afectar la cara, los brazos, el cuello, las manos o los órganos sexuales, la pena será aún mayor. Muchas de las víctimas de este tan terrible tipo de violencia han dicho que consideran que se trata de una medida insuficiente, pero es un avance y permite dar visibilidad a un problema creciente.
También este 9 de marzo fue sentenciado el asesino de Victoria Guadalupe, la nina de seis años que salió de su casa en Querétaro para ir a la papelería y no regresó. Se determinó la pena máxima de 50 años de prisión para el agresor.
Hay entidades que han logrado disminuir los asesinatos en contra de mujeres. La Ciudad de México, por ejemplo, alcanzó una disminución de 18 por ciento en este delito entre 2020 y 2022.
Desde luego los pendientes siguen siendo muchos, pero no por ello hay que dejar de reconocer lo que se ha avanzado. Tampoco hay que dejar de impulsar los cambios urgentes para acercarnos a una verdadera paridad de género y de exigir que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia. Por eso no dejaremos de marchar y de movilizarnos. Hacerlo implicaría normalizar ese horror; sería convertir la indignación en indiferencia.
@PaolaRojas