“Está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia”. Con esa frase el presidente López Obrador defendió su política de “abrazos, no balazos” en su Quinto Informe de Gobierno. Luego compartió algunas cifras para respaldar esta aseveración. Dijo que los delitos del fuero federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%; el robo en 26%; el feminicidio en 29%; el robo de vehículos en 44% y el secuestro en 80%.
Estos datos han sido cuestionados por expertos e instituciones dedicados al análisis de la inseguridad. La organización Causa en Común señaló que estas estadísticas que entrega el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública están incompletas. Se trata solamente de los delitos que tienen una carpeta de investigación, es decir, el siete por ciento del total.
Por otro lado, hubo temas cruciales que quedaron fuera del Informe. No se mencionaron las personas desaparecidas, la violencia creciente de los cárteles o las extorsiones que ahogan y matan a cada vez más negocios. Ahí están, por ejemplo, los limoneros y aguacateros de Michoacán, quienes han tenido que subir sus precios por el aumento de las extorsiones. Ahí están también los transportistas, que bloquearon la autopista de Pachuca en su acceso a la Ciudad de México la semana pasada como protesta por la inseguridad de la que son constantemente víctimas.
Me detengo únicamente en dos expresiones recientes que muestran la desesperación que genera el aumento de la criminalidad, pero los casos se cuentan por miles y ocurren en toda la extensión del territorio nacional. En lo que va de este 2023, Causa en Común ha registrado más de 4 mil 400 crímenes terribles, como torturas, masacres, descuartizamientos y asesinatos de mujeres y niños.
Encontrar cifras que permitan documentar el optimismo en un discurso es sencillo, pero resolver de fondo el problema de la inseguridad no lo es. En México hay cada vez más personas que viven con miedo. Según el Inegi, mas del 75 por ciento de los consultados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental considera inseguro vivir en su ciudad, mientras que casi el 74 por ciento de la población se dice preocupada por la seguridad pública.
Esperar un cambio en la estrategia es muy ingenuo a estas alturas. Solo queda un año y no se ve por ningún lado que exista esa intención. La tarea titánica quedará para la próxima administración. Ojalá que quien sea que la encabece tenga la altura de miras para plantear otras soluciones. Ojalá que aún estemos a tiempo.
