Siguen las reacciones por la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de escuelas de tiempo completo. A pesar de sus buenos resultados, que lo llevaron a recibir el reconocimiento de organismos como el Coneval, la Secretaría de Educación Pública anunció hace algunas semanas su desaparición.
Varias entidades como la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Estado de México y Tamaulipas han anunciado que mantendrán el programa con sus propios recursos. Lamentablemente, los estados con el mayor número de beneficiarios no han manifestado su intención de continuarlo. Algunos de los que tienen al mayor rezago educativo, como Chiapas y Oaxaca, están en esa condición.
A las voces que piden su reinstalación, la SEP les respondió con una tarjeta informativa el 23 de marzo pasado. En ella se lee que “Los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, alumnas y alumnos de los centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares.”
No me queda claro cómo puede ocurrir eso. Repartir dinero no es equiparable al beneficio del horario ampliado. Permanecer más horas en el entorno escolar representa más tiempo de estudio y mejores condiciones de educación con el acompañamiento de profesores y alumnos. Una madre que trabaja fuera de casa hasta tarde no podrá pagar a profesores que acudan a su domicilio a impartir clases con el dinero que le entreguen. Es obvio que buena parte de ese dinero se destinará a otra cosa distinta a la educación.
Precisamente después de un año y medio de clases a distancia por la pandemia, que para muchos niños en condición de rezago y sin medios tecnológicos adecuados significó dejar de estudiar, se toma esta decisión. Tendrían que hacerse todos los esfuerzos posibles para recuperar los meses perdidos y para tratar de llevar de vuelta a las aulas a los miles de menores que se alejaron. Pero el gobierno decidió ir en sentido contrario.
Por otro lado, los alimentos que se entregaban a los más de 3.5 millones de niños eran supervisados por nutriólogos. Con esta nueva modalidad, no hay garantía de que los recursos que repartan serán usados para que los menores tengan una dieta sana y balanceada. Esto sucede en el país con la más alta tasa de obesidad infantil en todo el mundo.
Está también el tema de la salud emocional. La decisión de cambiar el programa por un esquema más de entrega directa de recursos, no toma en cuenta los muchos casos de violencia intrafamiliar. La escuela de tiempo completo era un refugio para muchos niños que viven en entornos agresivos. En las familias con problemas de adicciones, ese dinero puede terminar siendo utilizado para comprar alcohol o drogas.
Repartir dinero no garantiza que el beneficio llegará a los menores. A los que están en situación vulnerable, los deja en un muy preocupante abandono. No me llamen adversaria por insistir en el tema. Soy simplemente aliada de los niños.
@PaolaRojas