Mil setecientos millones de pesos. Eso costó organizar la Consulta de Revocación de Mandato. A esa cifra habría que sumar los millones que se destinaron para su promoción, esos de los que no hay registro porque promover la consulta estaba prohibido para los funcionarios públicos.
Envío este texto al diario para su publicación aún sin que existan resultados oficiales. Lo único evidente es que el INE, a pesar de los ataques y cuestionamientos, cumplió con la organización y puntual instalación de las casillas.
En esta ocasión no es tan relevante esperar a que se difundan cifras definitivas. De entrada, porque ya se sabe cuál será el desenlace, pero además porque no tendrá ningún efecto. Este lunes todo seguirá igual, tendremos las mismas autoridades y enfrentaremos los mismos retos.
Sabemos, pues, que no habrá cambios en las autoridades federales. Lo que no sabemos es lo que pasará con las autoridades electorales. Algunos han llevado la narrativa de la revocación del mandato presidencial hacia una revocación de quienes encabezan hoy al INE. Ha habido voces que han descalificado a los consejeros y han planteado su salida del instituto. Destaca la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien durante la campaña de difusión de la consulta para la revocación de mandato lo dijo con todas sus letras: “Se van a ir todas esas que ahora se llaman autoridades electorales. Esos ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas.”
Lo planteó así luego de que el presidente López Obrador anticipara que promoverá una reforma electoral. La iniciativa formal aún no existe, pero ya adelantó algo de lo que esta incluirá. El planteamiento será que cada uno de los tres poderes proponga a veinte candidatos para luego, a través de elecciones abiertas, llegar a una nueva conformación del INE.
No se conocen más detalles, pero hay desde ya algunos aspectos que preocupan. El principal es que muchos de los que estarían encargados de renovar a la autoridad electoral faltaron a la ley en el más reciente ejercicio en el que se puso a prueba su imparcialidad. Legisladores, gobernadores e integrantes del gabinete incurrieron en faltas durante la veda. A pesar de los insistentes llamados a cumplir con la norma, siguieron haciendo promoción para acudir a votar. Estaba prohibido y, sin embargo, ocurrió.
Quienes ignoraron a la autoridad electoral no pueden sustituirla. Ya demostraron su parcialidad. Han quedado desacreditados para garantizar una elección limpia de nuevos consejeros. Si en un ejercicio como el de ayer, en el que el resultado no tenía ningún efecto práctico, se faltó reiteradamente a la ley, ¿qué podemos esperar que ocurra cuando esté en juego una nueva conformación del árbitro electoral?
Twitter: @PaolaRojas