A las mexicanas y mexicanos: Una de las acciones más importantes en materia de seguridad del gobierno federal, que atiende no sólo a la realidad nacional, sino que reivindica además la soberanía nacional frente a nuestro país vecino del norte es la demanda contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego, presentada el 4 de agosto de 2021.
La industria armamentística, como lo señalé en este mismo espacio hace más de dos años, es una de las más lucrativas del mundo, evidentemente sus ganancias se incrementan cuando no existen restricciones legales. La demanda de México fue adecuada, valiente, justa y profundamente ética; sentó un precedente fundamental para la construcción de un nuevo orden jurídico global que ponga en el centro de su atención a las sociedades y a las personas con el fin de disminuir la violencia tanto en las naciones productoras de armas como en las receptoras.
Sabemos de cierto que el tráfico de armas es catalizador de muchas de las amenazas más importantes de nuestro tiempo, ya que afectan sustancialmente la seguridad nacional, fronteriza, comercial, interior y pública, dado que alientan la violencia, fortalecen al narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones y, en general a los grupos criminales que más dañan a la sociedad, pues como sabemos se cometen mayoritariamente con armas traficadas. Armas que son causa directa de la ola de violencia por la que atraviesa México y Centroamérica, la causa de la migración, de la desigualdad y de la descomposición del tejido social.
La industria de las armas no puede desvincularse del derecho humanitario, de los derechos humanos y del proceso de pacificación nacional, de ahí la importancia de transitar a nuevos acuerdos bilaterales y de rediseñar a un nuevo orden legal internacional.
Celebro que el pasado 22 de enero de este año la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, dictara una sentencia de apelación favorable para el gobierno de México en relación con la demanda interpuesta en 2021.
La Corte norteamericana coincidió con los argumentos de México y resolvió por unanimidad, que “las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, las cuales facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México”.
Es de recordar que es la primera vez en la historia que un Estado extranjero presenta una demanda contra de la industria armamentista ante los tribunales de Estados Unidos, a fin de poner un alto al daño masivo que ésta conlleva.
Para darnos una idea de la magnitud de la problemática, basta que señalar que entre 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en nuestro país, fueron traficadas desde EU y se calcula que más de medio millón de armas son traficadas anualmente desde ese país.
El camino jurídico no fue llano, en septiembre de 2022 un juez de primera instancia desechó la demanda del gobierno mexicano, por considerar que la Ley protegía a la industria armamentista. En consecuencia, nuestro país respondió con una apelación la cual hoy obtuvo una respuesta favorable de la Corte de Apelaciones; y una vez que el asunto regrese a la primera instancia, presentará la evidencia sobre la negligencia de las empresas demandadas a fin de obtener la reparación del daño.
Es una victoria merecida para nuestro país y una resolución justa de la Corte estadounidense que apuntalará la pacificación del país y dará paso a la tranquilidad tan anhelada por la sociedad mexicana y las de las naciones hermanas de la región. Enhorabuena.