A las mexicanas y mexicanos: El pasado 25 de mayo de 2022, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una resolución (RES/466/2022) por la que sanciona a Iberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V., una filial de la empresa española Iberdrola, por un monto de 9 mil 145 millones de pesos por vender energía eléctrica, ya que como permisionario y de acuerdo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su Reglamento dado que le fue otorgado un permiso para actividades de autoabastecimiento, únicamente debe destinar la energía eléctrica que genere para satisfacer sus necesidades de autoabastecimiento y las de sus socios, por lo que tiene prohibido vender, revender o enajenar capacidad o energía eléctrica.
La CRE argumentó que, del periodo de 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, que abarcan los CFDI proporcionados por la Administración General de Hidrocarburos del SAT, Iberdrola comercializó la energía eléctrica generada por la central y la vendió a sus socios, en contravención con lo que establece la Ley. De ahí que, la multa impuesta equivale a 100 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al 1 de enero de 2020 por cada kilowatt de capacidad de la planta de autoabastecimiento.
Desde septiembre de 2020, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció ante la CRE la venta ilegal de electricidad a terceros por parte de Iberdrola durante 2019 y 2020. Los abusos de la empresa fueron haciéndose cada vez más evidentes, ya que hace dos años tenía 47 empresas asociadas y ahora 497, las cuales, en realidad, mayoritariamente, son sus clientes.
Aunque, la resolución de la CRE es impugnable mediante amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, mayoritariamente el pueblo de México confía en que esta vez no sucederá lo que en los años anteriores y que los órganos jurisdiccionales atenderán el asunto bajo los criterios que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado.
Ahora queda más claro que nunca por qué los partidos opositores a la transformación se negaron a la reforma constitucional en materia eléctrica. El modelo que defienden y les conviene es precisamente el que ejecuta Iberdrola en perjuicio del Estado y de las familias mexicanas, como lo demostró la CRE.
La figura de autoabastecimiento de energía eléctrica se concibió para que las empresas extranjeras pudieran simular sociedades y abusar del erario público con absoluta impunidad, por eso, las grandes trasnacionales tuvieron el descaro de tener socios de 1 dólar. Ha sido un esquema de saqueo iniciado durante el salinismo, fortalecido durante el sexenio de Calderón y consolidado en el de Peña Nieto, que les permitió crear mercados paralelos a la CFE, beneficiarse de subsidios públicos, recibir créditos de la banca de desarrollo y obtener ganancias millonarias por la venta de electricidad, utilizando la infraestructura del Estado y a costas de las altas tarifas que se pagan en los hogares.
Hoy, gracias a las reformas impulsadas en 2021 por el presidente, tenemos una nueva normatividad, que, pese a intentos de desestimarla, fue declarada constitucional por la SCJN, para garantizar la seguridad del despacho de energía eléctrica a través de un nuevo orden de prelación que no afecte la libre competencia y concurrencia de los participantes, así como la fundamental ponderación del derecho de las personas al acceso y suministro por encima de los intereses económicos de las empresas, pues es a todas luces evidente que la energía eléctrica no puede disociarse de los derechos humanos.
El intento de frenar el proyecto de nación no tiene límites porque la corrupción tampoco los tiene, ejemplo de ello, es el saboteo que grupos de poder han iniciado contra el Tren Maya; sin embargo, la ruta proyectada no admite sesgos. La transformación será sin corrupción y para beneficio de la gente, por eso el próximo 5 de junio se consolidará un movimiento social que anuncia lo que sigue.
Activista social
