A todos los mexicanos:
Mi solidaridad con el politólogo Sergio Aguayo ante el embate que sufrió por parte de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que la resolución emitida atenta contra sus derechos fundamentales, entre ellos, el de libertad de expresión y el de acceso a la información, consagrados en los artículos 6º y 7º constitucionales, dejando así un mal precedente en la materia.
Desafortunadamente, no es la única sentencia dictada en ese sentido, las mordazas impuestas a los periodistas, ciudadanos y organizaciones desde algunos oscuros ámbitos del poder existen, no cabe la menor duda.
Al igual que le sucedió a Aguayo, ahora la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me ha sentenciado a indemnizar al político priista y hoy Alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava por un supuesto daño moral. De manera infundada, se resuelve erróneamente una controversia más a favor de un actor cuyas acciones y entorno se encuentran en el centro de la polémica pública de nuestro querido México, herido y fragmentado por la corrupción e impunidad.
Antes fueron otros, ayer Moreira y ahora Rubalcava, pero en realidad sigue siendo la misma estirpe.
Precisa señalar que en este caso los hechos acontecieron en el contexto de un debate político en el cual manifesté públicamente las campañas de acoso y amenazas de las que fui objeto, las cuales habían impedido el ejercicio de mis derechos políticos como mujer y ciudadana, así como realizar diversas actividades fuera del Palacio Legislativo como Diputada Federal.
En este debate trascendió el audio de una llamada telefónica en la que Adrián Rubalcava me manifestó: “…si yo hubiera nombrado a un perro de candidato en este distrito hubiera ganado…”, refiriéndose al proceso electoral en el cual obtuve el voto ciudadano mayoritario para acceder al cargo de Diputada Federal por el distrito electoral federal 17 que abarca parte del territorio de las otrora delegaciones hoy alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, una expresión que configura una clara tipología de violencia política en razón de género; además, en el audio se aprecia la prohibición expresa que se me hace para realizar actividades políticas dentro del territorio de la delegación Cuajimalpa.
No obstante, la Sala me condena, entre otras cosas, a pagar a Adrián Rubalcava la cantidad de un millón de pesos por indemnización, lo cual fue determinado de manera arbitraria y con base en una diligencia realizada oficiosamente y que no se ventiló debidamente dentro del juicio; el órgano jurisdiccional estudió los ingresos que supuestamente percibo como funcionaria pública para determinar mi capacidad económica tal como se cita: “…La única información que se tiene de la situación económica de la responsable, es aquella que se desprende del hecho notorio, pues al estar ocupando el cargo público de Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística, es de conocimiento público que su sueldo es de $99,967.00 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100), mensuales, menos descuentos de ley, por lo que recibe la cantidad de $72,098.90 (Setenta y dos mil noventa y ocho pesos 90/100 moneda nacional) de forma mensual…”.
Una resolución que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, que pasa por alto una acción violenta y discriminatoria hacia una mujer por el hecho mismo de serlo y que, por lo tanto, perpetúa la violencia política y social por razones de género, haciendo aún más honda la brecha de la desigualdad.
La Sala se equivoca al valorar medios infundados para determinar sanciones, las cuales son desproporcionadas no solo al supuesto daño causado, sino porque son injustas al pretender reparar un daño inexistente.
No menos trascendente es que la Sala estudie el caso con absoluta lejanía de la perspectiva de género, volviendo nugatoria en los hechos la antigua y continua lucha de las mujeres a través del tiempo.
Este espacio ha sido de diálogo e interlocución permanente con mis lectores, de denuncia, de reflexión y de análisis. Hoy no es la excepción, las causas que aquí expongo siempre son sociales y, en consecuencia, mías; aunque en esta ocasión es personal, no deja de ser social, porque las causas derivadas de hechos que tienen lugar dentro de la vida e instituciones públicas deben hacerse del conocimiento colectivo.
Yo, en este momento, tengo el privilegio de poder denunciarlo públicamente e, incluso, los medios para acceder a un defensor jurídico. Sin embargo, no todas las ciudadanas y ciudadanos pueden hacerlo; la frustración o resignación a la injusticia e impunidad no puede ser el último recurso para nadie.
Estoy convencida de que expresar las injusticias, ya sean propias o ajenas, evitará en un futuro no muy lejano la revictimización por parte de las autoridades. Confío en las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando precisa que “…en el Poder Judicial de la Federación … no podemos bajar la guardia, no podemos cejar hasta en tanto saldemos la deuda que tenemos pendiente con la ciudadanía. Por el contrario: debemos redoblar energías contra la corrupción y la impunidad, con renovado compromiso, voluntad política y visión de Estado. Debemos seguir en la ruta trazada y generar las condiciones para que la justicia llegue a todos y a todas ...”.
