A las mexicanas y mexicanos:
Es importante traer a la memoria que en 2004 inició el Seguro Popular, operado, administrado, vigilado y coordinado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mediante acuerdos de coordinación firmados entre el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, y los Poderes Ejecutivos Estatales; sin embargo, el modelo de atención derivó en un mecanismo de financiamiento de coberturas, que operaba como un seguro de gastos médicos privado, inoperante e inaccesible para las personas más pobres, ya que no cubría todos los padecimientos.
Paradójicamente el Seguro Popular no era seguro ni popular, por lo que profundizó y ensanchó la brecha de la desigualdad en la atención a la salud, fragmentó las instituciones y benefició únicamente a las empresas privadas, que fueron contratadas con recursos del erario público para brindar servicios médicos y de enfermería, incluso, a través de infraestructura que le rentaban al Estado, lo que provocó el deterioro de los hospitales públicos y la exclusión de su personal.
El fracaso de este modelo fue exhibido de cuerpo entero en 2018 cuando la OCDE señaló que en México el gasto de bolsillo para la atención en salud representaba más de 40% del total del gasto, colocándolo como el segundo país con más gasto de bolsillo entre los miembros, lo que por supuesto, perjudicaba en mayor medida a la población sin seguridad social y más necesitada.
Ante tal problemática, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría del Congreso, reformaron en 2019 las Leyes para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para sustituir al Seguro Popular, a fin de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud.
Un año después, la pandemia por COVID-19 impuso múltiples retos a los sistemas de salud de todo el mundo y México no fue la excepción, pero, a pesar de la crisis sanitaria y económica sin precedente, los esfuerzos gubernamentales estuvieron a la altura, y a diferencia de otras naciones, se otorgó de manera
suficiente y eficiente atención médica, incluso la que requirió de muy alta especialidad e involucraba cuantiosos recursos.
Paralelamente a la atención de la pandemia y la necesaria vacunación, se instrumentaron diversos cambios, entre los que destacan: la compra de medicamentos, la contratación de médicos, la construcción de nueva infraestructura, la atención médica a distancia, entre otras acciones; no obstante, los buenos resultados, fue evidente que el sistema de salud pública necesitaba reestructurarse rápidamente para atender mejor a la población.
En este sentido, con absoluta responsabilidad el gobierno de México decidió para garantizar la extensión progresiva, tanto en calidad como en cantidad de los servicios de salud, especialmente para la población sin seguridad social, crear el IMSS-BIENESTAR en aras de concretar la tarea iniciada por el INSABI. Decisión que fue avalada mayoritariamente por la Cámara de Diputados y seguramente también lo será por el Senado.
Confiando en la experiencia del IMSS, así como en la transformación y consolidación que éste ha logrado durante los últimos cuatro años, el nuevo objetivo es mejorar significativamente la gestión del sistema de salud, unificando la prestación de los servicios, a partir de la coordinación y articulación de las instituciones que conforman el sistema de salud, bajo un enfoque de derechos humanos.
Es decir, la reforma es para garantizar la continuidad en la prestación de servicios, medicamentos e insumos de salud gratuitos y universales, a efecto de promover, proteger, conservar y eficientar hasta el más alto grado posible el bienestar físico, mental y social de la población, particularmente para la más vulnerable.
Aunque hay que precisar que también es para quienes tiene recursos y decidieron no contribuir al IMSS y pagar sumas millonarias para atenderse en hospitales privados, pero, que ante el infortunio de enfermedades graves que requieren de los mejores especialistas e instrumental , su única opción es acudir a las instituciones públicas que tanto denostaron para salvar su vida; y es, por supuesto, para quienes a pesar de contar con un seguro de gastos médicos privado, las causas de exclusión y los abusos,
los colocan en situaciones extremas donde no hay dinero que les alcance para cubrir los gastos que las aseguradoras se niegan a absorber.
A los opinadores de todo y acérrimos críticos de Andrés Manuel, les vendría bien ir al IMSS-Bienestar para prevenir y atenderse la amnesia crónica y degenerativa que les borró de la memoria la ausencia de servicios de salud para la población no derechohabiente antes de 2004 y que ha sido siempre mayoritaria, así como la deficiencia y corrupción del Seguro Popular.
Ellas y ellos tendrían que hablar con la gente humilde para entender los ahorros y beneficios que trajo consigo el INSABI a las familias y, por lo tanto, con sensibilidad y honestidad reconocer la importancia de que el presidente haya decidido dar varios pasos adelante para lograr el bienestar de las mayorías. Poque desde su posición privilegiada, la amnesia los ha llevado a desconocer y olvidar al pueblo mexicano, a ese pueblo al que pertenecen y que vive un realidad distinta.
Paola Félix Díaz-Activista Social
@larapaola
