A las mexicanas y mexicanos: Es a todas luces evidente y urgente reformar al Poder Judicial, las razones son muchas y de diversa índole, a mi juicio la más importante de todas es que, el pueblo de México no confía en las autoridades judiciales porque lo han desprotegido. El acceso a la justicia se convirtió en un privilegio para quienes pueden pagarla y dejó de ser un derecho.
Cuántas veces no hemos escuchado decir: “necesitas conseguir un buen abogado”, “es mejor un buen acuerdo que un mal juicio”, “si quieres ganar el asunto vas a tener que invertirle”, etc. Y, precisamente lo que plantea la Iniciativa es que la justicia no sea selectiva, lo que necesariamente exige cambios profundos y de gran calado, a fin de revertir décadas de corrupción, abuso, discriminación y malas prácticas.
La reforma al Poder Judicial constituye la oportunidad para construir un país de justicia a partir de un modelo innovador que toma la mejor experiencia de otras naciones y crear instituciones propias tomando en cuenta las necesidades y demandas del contexto y la realidad nacional.
Se busca dignificar la labor jurisdiccional con austeridad y racionalidad, para que todas las personas que pidan protección de la justicia la tengan. Lo cual implica un cambio de paradigma, pues ni para las personas juzgadoras ni para las litigantes la justicia debe seguir siendo vista como un negocio.
No se puede pretender tapar el sol con un dedo, sabemos que existe un grave problema de nepotismo y corrupción en los Poderes Judicial federal y local, y que cuenta con muchos privilegios en materia de salarios y prestaciones que no tienen los otros Poderes ni Organismos Autónomos, que no tendrían por qué tener y menos a costa del pueblo.
Es importante dotar de legitimidad a las autoridades judiciales y la mejor manera de hacerlo es mediante el voto popular, toda vez que la Constitución establece en el artículo 39 que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
La reforma lo que propone es acatar el mandato constitucional, por lo que no hay razón para oponerse a ello. Además, prevé los filtros necesarios en el proceso de elección para que se priorice la calidad e idoneidad de las y los candidatos, garantizando así que solo los mejores perfiles sean sujetos a votación popular. De ahí que los requisitos existentes no se modifican, como el perfil académico, años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido titular de una secretaria de Estado, gobernador o legislador en los últimos dos años, tener buena fama pública, etc.
La Iniciativa presidencial asegura la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, impidiendo imposiciones, injerencias partidarias o la influencia de intereses políticos y económicos.
La reforma al Poder Judicial constituye una profunda renovación del Estado, porque plantea una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de sus Poderes.
Es absurdo pensar que el voto popular puede poner en riesgo la autonomía de un Poder del Estado, cuando es precisamente lo único que lo legitima. La democratización del acceso a la justicia responde a un imperativo ético, donde las y los mexicanos sin excepción merecemos un sistema judicial que represente y proteja todos nuestros derechos.
La ceguera selectiva cuando se trata de asuntos públicos es otra forma de corrupción.
Activista social
@larapaola1