A las y los mexicanos:
La dinámica nacional y el crecimiento que ha tenido el país en todos los órdenes reclaman el perfeccionamiento del marco jurídico nacional para garantizarle a las personas los derechos y libertades que le son inherentes. En este sentido, el Senado, con el respaldo de las diferentes fuerzas políticas, recientemente aprobó el Dictamen para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, proyecto que se encuentra en la colegisladora para continuar con su proceso de discusión y aprobación.
Y es que el artículo cuarto constitucional, establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Un texto vanguardista que reconoce un derecho y establece condiciones específicas para su ejercicio, lo que conlleva para el Estado la responsabilidad de su cumplimiento.
La movilidad es un derecho humano que resulta fundamental para ejercer otros, así como para asegurar un nivel de vida adecuado, de ahí la necesidad de diseñar leyes que respondan a la realidad actual y sean acordes con los instrumentos internacionales de los que México es Parte, en aras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl), cuyo primer generador es el uso del vehículo automotor, además, de los altos costos asociados al uso del automóvil como congestión, siniestros y sedentarismo que representan un costo acumulado de hasta 5% del Producto Interno Bruto en las ciudades.
De acuerdo a las cifras oficiales más de 15 mil mexicanos y mexicanas fallecen al año debido a atropellamientos, choques, caídas y volcaduras, lo que constituye una emergencia social que debe ser atendida en todas las entidades federativas bajo una normatividad general que solucione la problemática desde el ámbito local con una perspectiva nacional, etaria, de género y, por supuesto, de largo aliento.
La movilidad y seguridad vial deben entenderse y planearse de forma multifactorial y multidisciplinaria, a través de un proceso moderno y con un enfoque garantista que contribuya a combatir la corrupción al evitar la discrecionalidad de políticas públicas omisas, abusivas o ineficientes que afectan la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de la ciudadanía.
Las soluciones a los problemas de movilidad deben ser compartidos, la expedición de licencias, las reglas de tránsito, el uso de suelo, el diseño urbano y el transporte, requieren bases y estándares comunes en todo el país, respetando las atribuciones de los distintos niveles de gobierno.
El territorio es colectivo, los derechos son para todas las personas y el objetivo es el mismo: alcanzar el bienestar, la sostenibilidad y el progreso. Sin duda alguna, la ley en ciernes llenará un vacío al establecer las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y a través de un Sistema Nacional que priorizará el desplazamiento de todas las personas, particularmente, de quienes están en situación de vulnerabilidad, así como de bienes y mercancías con base en una jerarquía estratégica, que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.
De aprobarse este ordenamiento el año próximo, para conducir vehículos motorizados en México, será necesario tener una licencia expedida bajo los mismos requisitos y procedimientos, los reglamentos de tránsito contendrán disposiciones y sanciones comunes y habrá un Registro Nacional de Movilidad con información estandarizada para las 32 entidades con datos de licencias, vehículos, infracciones, accidentes y pólizas de seguro obligatorio. Lo que nos colocará a la altura de los países más desarrollados del mundo, pero, sobre todo, mejorará la movilidad y la seguridad en nuestro país.
Les deseo un feliz y próspero Año Nuevo.
Activista social
Twitter: @larapaola1
