A las mexicanas y mexicanos: Durante los gobiernos de la impunidad y la corrupción, ni siquiera “el señor de los cielos” les inspiró emprender acciones contundentes para vigilar y garantizar la seguridad del espacio aéreo a pesar de que lo ocurrido en esos años era escandaloso y públicamente conocido dentro y fuera del país. Basta recordar que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América reportó que, en 2019, ingresaron 118 toneladas de cocaína por vi aérea, con un costo estimado de 135 mil millones de pesos.
Es a todas luces necesario hacer frente a las amenazas en materia de seguridad nacional, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y otros grandes ilícitos de corte trasnacional con leyes y políticas públicas eficientes y eficaces.
De ahí que la Iniciativa que el presidente de la República presentó al Congreso para expedir la Ley reglamentaria de los artículos 27 y 48 constitucionales a fin de establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la soberanía y protección del espacio aéreo mexicano, es acertada y fundamental para continuar instrumentando una estrategia integral de seguridad.
Y es que las administraciones anteriores omitieron deliberadamente subsanar los vacíos legales y perfeccionar las normas para cuidar el espacio aéreo y garantizar desde el Estado su uso legal. Los ilícitos que ocurren en el aire comienzan en tierra, las licencias de vuelo falsas, las aeronaves piratas y sin documentación, las pistas clandestinas, la suplantación de identidad, el uso indebido de la infraestructura aeroportuaria y en general la ilegalidad en el sector aeronáutico, debido a las grandes y complejas redes de corrupción que se mantuvieron por décadas en el espacio aéreo mexicano.
La complacencia instituciona l y la dimisión de las autoridades para ejercer sus atribuciones, posibilitó que fueran las empresas privadas, los civiles y funcionarios públicos sin ética quienes se encargaran de la seguridad de los aeropuertos y del espacio, lo que permitió a la delincuencia organizada apoderarse de estos en detrimento de la soberanía y del pueblo de México.
Por eso es que la propuesta del Ejecutivo es que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine la participación de las autoridades correspondientes para que, desde su ámbito de competencia, coadyuven a la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano; es decir, resguardar de manera adecuada el espacio aéreo nacional a través de mecanismos de coordinación interinstitucional para aprovechar las capacidades y recursos tanto civiles como militares con los que cuenta el Estado, ya que no podemos olvidar que el espacio aéreo es parte del territorio nacional.
En este sentido, el Estado no puede seguir permitiendo que la delincuencia organizada utilice la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo mexicano para realizar graves ilícitos, aprovechándose de las lagunas, deficiencias, ausencia de protocolos y el cúmulo de omisiones que existen en el sector.
La posición geográfica de Méxic o, los diversos acuerdos comerciales y en materia de derechos humanos de los que nuestro país es Parte, nos obliga a contar con un nuevo modelo aeronáutico que responda a la realidad actual y sus contextos, que permita combatir el delito, detonar el desarrollo nacional y hacer frente a los compromisos internacionales que hemos contraído, siempre poniendo en el centro el bienestar de las mexicanas y mexicanos.
Requerimos un marco jurídico acorde a la transformación que hemos impulsado, lo que implica atender con probidad el tránsito aéreo de bienes y personas, combatir el delito, garantizar la seguridad del territorio nacional y resguardar la soberanía nacional.
El Estado nunca más debe evadir sus funciones y mucho menos renunciar a ellas, debe ser garante de los derechos humanos y del patrimonio nacional, su fuerza legal y legítima tiene que hacerse valer siempre, para ello nadie más confiable y eficiente que el Ejército Mexicano, como reza el dicho popular, Lo que es del César al César.
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@larapaola1
