A las y los mexicanos: Una de las principales causas de la inseguridad y la pobreza en México es la corrupción e impunidad que prevalecieron por décadas, cuyas ramificaciones aún no han podido desterrarse. Me pregunto y le pregunto a las y los lectores de esta columna ¿cómo sería nuestro país si los recursos no se hubieran desviado y sin la vergonzosa corrupción e impunidad que fue solapada e impulsada desde las más altas esferas del poder político?, ¿cómo sería la vida de las familias mexicanas? y ¿cuál sería el desarrollo económico y social de nuestra nación?
Corrupción e impunidad que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no tolerará, ha sido claro: “…todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción… el trabajo es limpiar, limpiar y limpiar, pero no hay otra opción”. El reconocimiento expreso de la problemática es fundamental para entenderla y para atenderla, de ahí que resulta oportuno hacer un recuento de algunas de las acciones que se han instrumentado para erradicar tanto la corrupción mayor (de Estado), como la corrupción menor (mordidas, dádivas y moches), pues ello constituye la piedra angular de la transformación del régimen y de la vida pública.
Destaca la austeridad republicana como un principio rector de la administración pública, hoy el gobierno se aprieta el cinturón para que lleguen más recursos de los programas sociales directamente a las manos de quienes lo necesitan, poniendo un alto total a los lujos, privilegios y despilfarros.
La impunidad encontró su ocaso en la actual administración, hoy está en la cárcel Rosario Robles y sujeta a juicio político en el Congreso por la estafa maestra que permitió al pasado gobierno desviar 7 mil 670 millones de pesos por medio de 128 empresas fantasma. El exgobernador de Veracruz Javier Duarte está en la cárcel por desvío de recursos públicos, y el exgobernador de Chihuahua César Duarte está siendo investigado, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó propiedades en el extranjero producto de la corrupción.
Se combate eficazmente la práctica de las facturas falsas, por lo que la Secretaría de Hacienda presentó ya las primeras denuncias contra 43 factureras, las cuales evadieron impuestos por 55 mil millones de pesos. Hace unos meses se realizaron reformas Constitucionales para que este delito se considere grave y quedaron prohibidos “los perdones fiscales” que en los sexenios pasados se hacían de manera discrecional, tan solo de 2014 a junio de 2018 se identificaron cerca de 9 mil empresas que facturaron operaciones simuladas, las cuales suman un monto por defraudación fiscal de 1.6 billones de pesos.
El caso Odebrecht que en otros países desde 2016 provocó que funcionarios de alto nivel y sus familiares fueran juzgados y encarcelados por corrupción, ahora gracias al tesón de la presente administración, la extradición de Lozoya Austin vislumbra la implacable aplicación de la ley y la justicia contra todos los involucrados.
Tomás Zerón, señalado por la “mentira histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, además de que la Fiscalía General de la República solicitó al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos.
En el Poder Legislativo se están echando cimientos sólidos para un nuevo marco jurídico que permita combatir de manera efectiva la corrupción y poner fin a la impunidad. Destacan las reformas para cerrar la puerta al huachicoleo, las nuevas normas en materia de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, y la Ley de confianza ciudadana.
Por lo que hace a las malas prácticas y presuntos desvíos de recursos que han tenido lugar en la actual administración, la realidad es que se han impuesto sanciones, inhabilitado a funcionarios públicos y empresas; se han abierto las investigaciones correspondientes de cara a la ciudadanía para no dar lugar a silencios y ocultamientos perniciosos.
Para nadie es un secreto que la corrupción alcanzó a los integrantes del Poder Judicial, como lo reconoció el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien asumió públicamente que se necesita una reforma al Poder Judicial, entre otros aspectos, porque los jueces no siempre son independientes e imparciales, sucumben ante intereses mezquinos, existe nepotismo y favoritismo para ocupar los cargos judiciales, el sistema de carrera judicial no ha sido exitoso, existe corrupción, tráfico de plazas, intercambio de favores y se le pone un precio a la justicia. Declaraciones que en años anteriores hubieran resultado impensables.
El establecimiento de un nuevo régimen exige una verdadera vocación y una renovada convicción de las y los servidores públicos. No se requiere ser muy suspicaz para saber quiénes más serán alcanzados por la mano de la justicia, hay deudas que el pueblo de México no olvida y exige que sean saldadas.
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal
