A todos los mexicanos y mexicanas: Hoy más que nunca México requiere de la mayor responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas y municipios ante la realidad económica mundial y la emergencia sanitaria. Es innegable que nuestro país reclama hacer más con menos y tener tolerancia cero hacia la corrupción y la dilapidación de recursos públicos, de ahí que el presidente de la República recomendó a los gobernadores aplicar medidas de austeridad y reducir gastos para enfrentar la crisis generada por el Covid-19.
En este escenario, resulta pertinente disminuir los gastos innecesarios, cuidar los recursos disponibles para liberar fondos en aras de privilegiar el empleo, garantizar a la población más vulnerable la satisfacción de sus necesidades, apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, así como otorgar servicios de salud a todas y todos los mexicanos.
Se requiere un rediseño de la política económica que abandone la vieja práctica de adquirir deuda sin antes abrir paso a nuevas alternativas, ya que ésta —tarde o temprano— terminará por romper el equilibrio de las finanzas públicas en detrimento de las presentes y futuras generaciones. Este rediseño no debe ser una respuesta política para la inmediatez, sino una estrategia económica de corto y mediano plazo que apunte al bienestar de la sociedad, fortalezca el federalismo y dé cuenta de la solidaridad que presupone el Pacto Federal.
La deuda pública no puede ser un mecanismo preventivo, sino la última opción para las entidades federativas, pues en promedio, más de 86% de sus ingresos proviene del gasto federalizado que se destina vía transferencias bajo los rubros de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, recursos que se han entregado a tiempo.
En general, las entidades han mantenido históricamente una baja recaudación de ingresos propios; las que más recaudan son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Chihuahua. Por ello, como lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, “las participaciones principalmente se distribuyen con una fórmula donde pesa el tamaño económico de la entidad, la población y el esfuerzo fiscal que realizan las entidades y en el caso de las aportaciones federales tienen una lógica resarcitoria para compensar a los estados más pobres”. Además, no podemos olvidar que los programas sociales para las personas adultas mayores, indígenas y con discapacidad, así como las becas para estudiantes y los apoyos para los jóvenes, entre otros, llegan oportuna y directamente en todos los municipios y alcaldías de México.
La deuda de las entidades, que asciende a más de medio billón de pesos, no es casual, en gran medida se debe al dispendio y al mal uso de los recursos que por décadas fue la constante, destinándolo a gasto corriente que en términos llanos se traducía en bonos, sobresueldos, viáticos, autos, comidas, celulares y despilfarros de sobra conocidos, o peor aún, en fines inciertos de los que todavía muchos gobernadores y presidentes municipales no han terminado de dar cuenta a los órganos de fiscalización.
Diversos especialistas han hecho hincapié en que transparentar el manejo de la deuda de corto plazo es indispensable para no poner en riesgo las finanzas de las entidades. El estudio Hablemos de deuda, publicado en marzo por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), revela que, con frecuencia, las entidades contraen deuda de corto plazo para destinarla a gasto corriente y no a la inversión para la que fue adquirida, lo cual compromete y limita el desarrollo económico, así como la generación de obras de infraestructura prioritarias.
En estos tiempos, donde el mundo está ante grandes desafíos en materia social y económica, es una condición irreductible para los gobernantes estimular la planta productiva, aumentar sus ingresos y contraer deuda sólo en casos estrictamente necesarios, con absoluta transparencia y asegurando siempre el beneficio de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales y municipales.
Ante lo inédito de los acontecimientos, tenemos que estar claros en que no existe peor tragedia para un país que la pobreza de su pueblo y mayor afrenta que la corrupción de sus gobernantes.
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX
