A las mexicanas y mexicanos: Mientras escribo, en la Cámara de Diputados espera su turno el Dictamen de la Sección Instructora para Retirarle el fuero constitucional al actual fiscal general del estado de Morelos. La historia del caso ha sido larga y sinuosa, ya que la lucha ha sido contra la corrupción y la impunidad a fin de hacer valer el imperio de la Ley y la Justicia.
Recordemos que la Fiscalía General de la República acusó la comisión de diversos delitos por parte del fiscal de Morelos derivado de diversas irregularidades: 1) Asumir el cargo sin cumplir con los requisitos legales y constitucionales exigidos, 2) designación de diversos fiscales especializados y regionales sin que estuvieran certificados y registrados en términos de la ley; 3) obstrucción a la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, localizada sin vida en octubre de 2022, en la carretera La Pera-Cuautla; 4) feminicidio en la modalidad de auxiliado en el caso citado; tortura de Luis Alberto Ibarra Martínez mientras se encontraba en la cárcel.
El fiscal ha continuado en su cargo desde 2020 porque la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del Acuerdo de la Cámara de Diputados de septiembre de 2021 y ordenó la emisión de una nueva determinación. Es decir, por un mero formalismo procedimental se desdeñó el asunto de fondo, lo que impidió desaforar al fiscal morelense y en consecuencia someterlo a la jurisdicción penal.
No podía dejarse de insistir en el desafuero porque la justicia es una condición necesaria para alcanzar la igualdad y establecer la gobernabilidad democrática y porque la justicia debe ser imparcial, objetiva y expedita, incluso cuando el poder público y político está involucrado. Este ha sido el compromiso de la cuarta transformación y debe ser cumplido cabalmente.
Desaforar al abogado del pueblo morelense no es un asunto menor, claro que no lo es. El desafuero de Uriel Carmona Gándara es de la mayor envergadura y complejidad, por lo que requiere ser tratado con honestidad, ética, valor y transparencia por parte de las y los legisladores, como estoy segura lo harán; ya que el desafuero no prejuzga, pues esa es competencia del Poder Judicial, que en su momento con o sin razón, retrasó la justicia; y es competencia de la Fiscalía General de la República demostrar cabalmente la responsabilidad del imputado. Lo que hizo la Cámara es posibilitar que pueda ser juzgado como un ciudadano más.
No podemos soslayar que, en este caso específico, donde el objetivo es cerrar el paso a la injusticia, la corrupción y la impunidad, Ernestina Godoy Ramos fue una actora clave, ya que desde la Fiscalía capitalina, en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, actuó con absoluta responsabilidad y con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la soberanía de esa entidad federativa. Ernestina optó por la ley y la justicia, privilegió a la víctima y pasó por alto el fuero y cargo del acusado, actuó como debía sin anteponer que fuera su par en la entidad vecina.
No es extraño que hora la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX esté siendo boicoteada, este caso, los intereses del cártel inmobiliario y la promiscuidad entre el poder económico y lo que queda del poder público del PAN, PRI y PRD, están haciendo lo esperado: obstaculizar la procuración de la justicia y la transformación de México.
Afortunadamente, en este camino de regeneración moral, lo importante no es el cargo, sino el encargo. Ernestina seguirá transformando a México, la Fiscalía capitalina seguirá trabajando con probidad y los corruptos estarán tras las rejas. Por eso es que para seguir haciendo historia tenemos que hacer memoria y nunca dejar que el pasado se repita.