La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas nacen libres e iguales, y tienen derecho, sin distinción alguna, a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos a la igualdad de trato ante la ley y a la protección contra la discriminación; sin embargo, sabemos que en la realidad esto no es así, al menos no lo es para las mujeres.
En tal virtud, es fundamental visibilizar en la Ley Suprema tanto a las mujeres como a la problemática que nos afecta e incorporar ordenamientos expresos que transformen de fondo nuestra realidad. El Estado y la sociedad nacional no deben permanecer indiferentes ante la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza y las injusticias que afectan a las niñas y a las mujeres de México.
Es verdad que gracias a la lucha incesante que hemos librado como género y desde diferentes trincheras logramos avances importantísimos, pero, no son suficientes, ya que en nuestros días todavía existen múltiples barreras que debemos derribar de una vez y para siempre, a fin de construir una sociedad justa y verdaderamente igualitaria.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas considera que la igualdad de género es un derecho humano, en consecuencia, las mujeres tenemos derecho a vivir con dignidad y sin temor. Por ello, la igualdad de género es un requisito para avanzar en el desarrollo y reducir la pobreza, pues las mujeres empoderadas contribuyen a la salud y la productividad del conjunto de las familias y comunidades, mejorando las perspectivas para las siguientes generaciones.
Resulta imprescindible lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible, lo que exige la plena participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, toda vez que constituimos cincuenta por ciento de la población. Además, el empoderamiento de las mujeres potencia la productividad y el crecimiento económico de las naciones, como ya ha sido demostrado.
La igualdad jurídica no ha sido suficiente para emparejar las disparidades y reducir las múltiples formas de discriminación y violencia. Dicho de otra manera, es urgente modificar las circunstancias que nos impiden a las mujeres ejercer plenamente nuestros derechos para que realmente podamos acceder a oportunidades de desarrollo.
Lo anterior requiere de medidas estructurales, legales y de política pública contundentes. De ahí la importancia de la Iniciativa de reformas a la Constitución presentada ante el Congreso por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que fortalece la igualdad formal y avanza enormemente hacia la igualdad sustantiva y la de resultados.
Destaca de la Iniciativa presidencial, la cual muy pronto será aprobada por el Constituyente Permanente, que el Estado tendrá deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; que las autoridades federales podrán conocer de las medidas de protección derivadas de la violencia de género o de delitos del fuero común por razones de género; así como que la actuación de las instituciones de seguridad pública se rija bajo el principio de perspectiva de género.
Asimismo, consigna el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios; y que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género.
La verdadera igualdad, esa que se debe vivir todos los días en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela y en todos lados, será una realidad para las mujeres. Desde luego, no se logrará de la noche a la mañana, pero cada vez está más cerca. Estoy cierta de que mis hijas y millones de niñas hoy pueden ser lo que quieran, inluso presidentas de la República.
Activista social
@larapaola1
