A las mexicanas y los mexicanos: A la luz de los objetivos de la cuarta transformación cada paso es importante porque significa que cada vez está más cerca de cristalizarse el nuevo proyecto de Nación por el que se pronunciaron mayoritariamente las y los mexicanos en 2018.
El nuevo régimen requiere también un sistema electoral diferente, libre de excesos, de dispendios, de resoluciones a modo y acorde a la realidad económica, política y social que hoy vivimos.
Al igual que muchos, estimo lamentable que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal no haya podido transitar en la Cámara de Diputados, aunque no me asombra, pues era contraria a los intereses de las cúpulas opositoras, quienes sabían de antemano que les impediría de nuevo acceder al poder público porque no gozan de la confianza y respeto de la ciudadanía, por lo que no podrían obtener el voto popular.
Y es que como lo he dicho ya en este espacio, la reforma estaba absolutamente orientada al fortalecimiento de la voluntad popular y hacer efectivo el voto de la ciudadanía , pues sería el único mecanismo para acceder a espacios de representación municipal, local y federal, así como para integrar el órgano y los tribunales electorales.
Como era de esperarse, la propuesta encontró obstáculos y la reforma presidencial no avanzó. Su freno y desechamiento constituyen un triunfo porque ha quedado más claro que nunca que es falso el autoritarismo que acusan, si fuera verdadero la reforma hubiera pasado a costa de lo que fuera. No hubo presiones, chantajes, dádivas, moches ni concertacesiones como en el pasado.
Por eso se buscó otra ruta, el “plan B” que transitó con éxito en la Cámara de origen, y cuyo contenido es de fundamental importancia para el pueblo de México. No “plan V de venganza” , como cuestionó el consejero electoral Ciro Murayama en redes, sino de victoria, ya que mantiene el mismo objetivo de la propuesta constitucional: empoderar a la ciudadanía.
Con las reformas a las leyes secundarias se fortalece la democracia, particularmente, por la inclusión de los grupos vulnerables y el respeto pleno a sus derechos político-electorales a través de la ejecución de acciones afirmativas.
Es decir, no pretende beneficiar a unos cuantos, sino que los partidos políticos establezcan acciones compensatorias y positivas en sus documentos básicos, así como los mecanismos necesarios para la paridad de género, a fin de garantizar la igualdad y no discriminación en la designación de candidaturas en ejercicio de su autodeterminación. Además, incorporar un criterio y número específico de candidaturas provenientes de grupos vulnerables, garantizando la postulación de fórmulas de candidaturas con la participación de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero por parte de los partidos políticos y las coaliciones, tanto de representación proporcional como de mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Lo anterior significa un verdadero parteaguas, ya que nunca en la historia electoral se había abierto la puerta de par en par a la pluralidad, pues derriba los obstáculos para que sin discriminación las y los ciudadanos accedan a espacios de representación y poder político.
Los sectores poblacionales marginados y olvidados por siglos hoy son los principales beneficiarios de las reformas aprobadas, lo que representa un acto de justicia social y política.
Claro que, le molesta a la oposición que “los olvidados” ahora ejerzan al poder en igualdad de circunstancias, no podría ser de otra manera, porque les corre por sus venas el ADN del neoliberalismo.
Las reformas prevén agilizar y modernizar los procesos judiciales en materia electoral, así como reestructurar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizando los principios de publicidad y transparencia en las sesiones del Tribunal Electoral y fortaleciendo los principios de certeza y de seguridad jurídica al establecerse con claridad sobre cuáles asuntos tendrá competencia el Tribunal, y desde luego, lo sujeta a los principios de austeridad republicana y a un sistema de remuneraciones congruente con la realidad económica del país.
Asimismo, perfeccionan los procesos contenciosos en materia electoral, estableciendo criterios específicos de interpretación de la norma e incorpora la figura de suplencia de la deficiencia de la queja; y establecen como responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada con fines electorales, asegura a la ciudadanía el derecho a información precisa y oportuna y salvaguarda la imparcialidad en los procesos electorales, entre otros importantes aspectos.
En suma, ganaron la democracia y el pueblo de México. Con la aprobación del plan “B” queda claro que la transformación se hace avanzando, mientras la oposición lucha para que las cosas sigan igual.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@larapaola1
