A las mexicanas y mexicanos: El pasado miércoles 3 de agosto, diez mineros quedaron atrapados por un derrumbe en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. El lunes, un soldado del Ejército descendió al interior de los pozos, pero desafortunadamente no tuvo éxito en el rescate.
Lo que se sabe es que 15 mineros se encontraban en tres pozos distintos a unos metros de Las Conchas: una explotación abandonada hace casi 40 años y llena de agua. Mientras trabajaban encontraron una filtración que, en cuestión de segundos, inundó los túneles. Cinco de ellos pudieron salir y los demás quedaron bajo tierra.
Si bien las fiscalías estatal y federal han abierto las correspondientes investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, las familias de los trabajadores desaparecidos mantienen la esperanza de hallarlos con vida; sin embargo, en las 158 horas de trabajos continuos contabilizadas hasta el miércoles desde que se derrumbó la mina, los cuerpos de búsqueda y rescate no habían podido entrar debido a las malas condiciones. La apuesta es que puedan haberse resguardado en algún recoveco y que estén a salvo.
Desde 2017 han ocurrido 11 derrumbes en los que han perdido la vida muchos trabajadores y la tragedia ha envuelto a sus familias, no sólo por la pérdida de un ser querido sino por la impunidad e injusticia que secunda a los “accidentes”, que tienen su referente más claro el 19 de febrero de 2006, cuando se registró una explosión en la mina Pasta de Conchos en Santa Rosita, Coahuila, donde perdieron la vida 65 de los 73 mineros que estaban trabajando y sólo dos cuerpos pudieron recuperarse, mientras los otros 63 quedaron atrapados.
Sí, la injusticia y la impunidad han sido la característica de las tragedias mineras. Los trabajadores y sus familias reiteran ante cada nuevo derrumbe que las condiciones de seguridad no eran las adecuadas, lo cual se había denunciado muchas veces sin que nadie hiciera nada.
¿Por qué trabajar en un lugar tan inseguro? La única respuesta es por necesidad y porque no hay más dónde hacerlo, todos lo sabemos. ¿Por qué no brindar la infraestructura, equipos y tecnología necesarias a los mineros? También sabemos la respuesta a esta interrogante, porque eso cuesta dinero y las empresas sólo quieren beneficiarse de las ganancias que resultan del extractivismo a costa del trabajo extenuante, la vida de los trabajadores y la pobreza de las comunidades mineras.
Sabemos que hay 672 elementos de Fuerzas Armadas y civiles en Sabina haciendo trabajos de perforación y bombeo de agua; y que mientras escribo estas líneas se intentará el rescate de los mineros. Lo que no sabemos es dónde están los responsables de la mina. No fue la mala suerte, ni un accidente asociado a los riesgos de la actividad, sino como siempre, fue el resultado de la negligencia, la precariedad laboral, el abuso y la violación a los derechos humanos.
Ni siquiera tenemos claridad de quién es la mina: al parecer es de un exalcalde y la concesión está a nombre de Pinabete. Opacidad que deriva de la privatización de la minería instrumentada por los gobiernos neoliberales, donde un pequeño grupo de privilegiados se adueñaron de los recursos de la Nación y de las vidas de los mineros.
No podemos olvidar que, en 2014, en la mina a cielo abierto denominada Buenavista del Cobre, se vertieron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora, constituyendo el peor desastre ecológico en México, que afectó a más de 22 mil personas de la región. Por cierto, la empresa concesionaria era la misma que la de Pasta de Conchos.
Aunque sea difícil reconocerlo, la realidad es que las grandes empresas están presentes en las grandes tragedias, porque la Ley y la justicia han estado ausentes por décadas.
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@larapaola1
