A las mexicanas y mexicanos: La reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo Federal, votada el martes en la Cámara de Diputados, es de la mayor importancia para México, porque corrige las irregularidades que ocurrían desde 1992 y que se profundizaron a partir de la reforma energética de 2014, las cuales, entre otros aspectos derivaron en el otorgamiento indiscriminado de permisos de generación de electricidad a empresas privadas en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es necesario terminar con el modelo en donde la nación no ganó, al contrario, sólo perdió, ya que fueron negocios lucrativos para unas cuantas empresas a costa de descapitalizar, endeudar, disminuir las capacidades productivas y reducir los mercados de la CFE. Es urgente recuperar la facultad exclusiva del Estado para la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, a efecto de atender el mandato de los artículo 25, 27 y 28 constitucionales, así como los principios de competencia económica que rigen el mercado eléctrico, a través de la eliminación de ventajas indebidas en favor de los competidores privados y de fortalecer a la CFE para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad de nuestro sistema eléctrico, a fin de brindar total cobertura a los requerimientos de suministro de electricidad que permitan generar tarifas finales de suministro básico más económicas en beneficio de las familias mexicanas.
De manera concreta, se trata de eliminar las condiciones asimétricas de competencia en el sector eléctrico, al desaparecer la prohibición de comercio intrafirma y los contratos bilaterales para la CFE con la ejecución de contratos de entrega física; evitar la simulación y la especulación en la generación de energía, a través de la modificación en los criterios de despacho; eliminar los subsidios y la políticas de dumping que favorecían a los privados en detrimento de la CFE; y de terminar para siempre con la corrupción amparada en el régimen de autoabastecimiento.
Lo anterior permitirá incorporar un trato equitativo para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL) entre CFE y los particulares, así como para garantizar la legalidad y rentabilidad de los contratos entre el Estado y los productores independientes. La reforma fortalecerá la libre competencia, mantendrá las inversiones públicas y privadas necesarias para el sector, promoverá el uso de energías renovables y, sobre todo, sentará bases sólidas para alcanzar la soberanía energética.
La CFE dejará de ser la “gallina de los huevos de oro”, ya no financiará centrales solares y eólicas privadas, no comprará obligatoriamente certificados, no subsidiará a sus competidores, no dará respaldos eléctricos, no asumirá costos económicos de porteo ni para operar, administrar y representar a las empresas privadas, no tendrá obligación de comprar electricidad privada que no necesita, ya que tiene la capacidad y centrales necesarias para satisfacer la demanda nacional. Ahora tendrá prioridad en el orden de despacho, margen de maniobra para realizar transacciones y será rentable y productiva porque no absorberá los costos que les corresponden a las empresas privadas.
La reforma eléctrica permite ver la luz al final de ese túnel oscuro, corrupto y anticonstitucional que construyeron para enriquecer a unas cuantas manos. Ya no habrá negocios particulares al amparo del Estado, ni se financiarán empresas privadas con dinero público.
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX;
activista social y exdiputada federal
