A las mexicanas y mexicanos: El gobierno mexicano demandó ante una corte federal en Boston a un empresas estadounidenses de armas, por llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, anualmente se trafican ilegalmente más de medio millón de armas; que en 2019 fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en nuestro país. Al respecto, el asesor legal de la Cancillería señaló que los daños provocados por las armas traficadas equivaldrían a 1.7 por ciento y 2 por ciento del PIB mexicano, por lo que el Gobierno pedirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares.
Es importante recordar que hace más de una década, unas 30 ciudades y condados norteamericanos demandaron a los fabricantes de armas por los daños asociados a esta industria, desde el aspecto económico hasta el incremento de la violencia y las hospitalizaciones. Como era previsto, las demandas se comenzaron a ganar, por lo que los fabricantes acudieron al Congreso y consiguieron un “estatus de inmunidad”; un estatus que, por cierto, sólo aplica para incidentes en esa nación, pero no cuando el uso del arma y el incidente ocurre en otra, como es el caso de México.
México y Estados Unidos por sí solos no han podido detener el tráfico de armas, entre otros aspectos porque necesitan la información sobre las ventas que sí tienen los fabricantes y armerías para hacer la trazabilidad y frenar los puntos de tráfico.
La industria armamentística es una de las más lucrativas del mundo y sus ganancias se incrementan cuando no existen restricciones. De ahí que la demanda de México es adecuada, valiente, justa y profundamente ética, ya que constituye un precedente fundamental para la construcción de un nuevo orden jurídico global que ponga en el centro a las personas y al conjunto de derechos y libertades que le son inherentes, a efecto de disminuir la violencia dentro y fuera de las naciones productoras de armas.
Como acertadamente señaló María De Haas Matamoros (artículo en Expansión Política), el tráfico de armas es catalizador de las amenazas más importantes de este siglo. Su afectación a la seguridad nacional, fronteriza, comercial, interior y pública es evidente, dado que alimenta la violencia, fortalece al narcotráfico y a los grupos de la delincuencia organizada que intimidan a la sociedad y a las autoridades.
Los delitos de alto impacto que más dañan a la sociedad se cometen con armas traficadas que además son causa de la violencia en Centroamérica que ha derivado en éxodos sin parangón.
La industria de las armas no puede desvincularse del derecho humanitario, de los derechos humanos y del proceso de pacificación a escala global, lo que implica rediseñar el cuerpo normativo internacional y los acuerdos bilaterales a efecto de evitar que los intereses económicos legales e ilegales estén por encima de las personas.
Esta industria se va a defender, negará ser la causante de la sangre derramada de millones de víctimas. Por eso es necesario que la ley y la justicia cumplan con su misión de velar por el bien común para que el buen vivir sea una condición sine qua non, entendiendo que, en la globalización, lo común trasciende fronteras y pertenece al mundo entero.
Pensar en que la demanda interpuesta por México está perdida, es asumir que no es posible una ética de la globalización porque se ha optado deliberadamente por una visión infrahumana de la sociedad internacional, ajena a la dignidad de los seres humanos y de los pueblos.
