A las mexicanas y mexicanos: La reforma electoral ha ocupado el centro de la agenda pública las dos últimas semanas, mientras escribo estas líneas, se está discutiendo en el Senado la Minuta enviada por la Colegisladora, la cual tuvo 70 modificaciones por parte de las comisiones dictaminadoras.
Me parece fundamental abonar a esta discusión pública yendo más allá de los límites del derecho electoral, ya que esta materia aún es joven y bastante inacabada en el sistema jurídico de nuestro país. Hace apenas 22 años existía un partido hegemónico que estuvo en el poder por más de 70 años, periodo en el que la competencia electoral era prácticamente inexistente, y fue hasta 1990 que se creó por primera vez un organismo electoral autónomo, antes las elecciones estaban a cargo del Estado a través de la Secretaría de Gobernación.
Durante los primeros doce de esos veintidós años no hubo cambios profundos, la transición fue mediocre, el partido hegemónico regresó al poder y el Pacto por México evidenció las vergonzantes alianzas que impulsaron reformas para privatizar los recursos de la Nación y asegurar desde el andamiaje jurídico instituciones y reglas electorales a modo para favorecer únicamente a una élite. Alianzas ahora le cerraron el paso a la reforma constitucional del Ejecutivo Federal y se oponen férreamente a reformar las leyes secundarias.
Pero, lo que esas alianzas no previeron fue el hartazgo del pueblo. Apostaron siempre por una revolución derrotada y un ciudadanía sometida, desinformada e inmóvil. Desdeñaron el movimiento transformador que se fue gestando a la par de los fraudes electorales, minusvaloraron la fuerza de la sociedad y el peso real de sus liderazgos que día con día se han fortalecido.
En 2018 la voluntad popular pudo más que los constructos jurídicos que los gobiernos neoliberales impulsaron en beneficio de sus intereses. El multimillonario dispendio de recursos fue la constante, compra de materiales electorales a precios exorbitantes, pago de sobre sueldos, autos, restaurantes de lujo y viajes fueron inherentes a eso que llamaron democracia, la cual se caracterizaba por ser cara.
Las referencias anteriores son necesarias para contextualizar la reforma electoral y entender por qué algunos se oponen y se resisten a entender que el poder del pueblo no necesita de las armas, sino ser ejercido cuantas veces sea necesario.
En nuestros días la organización y unidad social han podido sortear los obstáculos que la corrupción política pretende imponer. De ahí que, la reforma electoral es para continuar con la transformación del país, para alcanzar la gobernabilidad democrática y para que el pueblo de México ejerza el poder que le corresponde y que le fue negado socavando sus derechos y libertades.
¿Qué le molesta tanto a la oposición de la 4T? La respuesta es obvia, no tolera que el pueblo mande y acceda al poder público, y que decida sobre los asuntos fundamentales para el país, porque eso significa que ya no podrán mirarlo de arriba hacia abajo. Ahora el vendedor de chicles, la maestra, el comerciante, la ama de casa, el médico, la abogada, el joven estudiante, el albañil, el panadero, el taxista, la científica, el catedrático y la costurera tienen el poder legal y legítimo.
Por eso es que se rasgan las vestiduras con la austeridad republicana, con la revocación de mandato y la consulta popular, les ofende la sola posibilidad de que no haya plurinominales privilegiados y que la ciudadanía elija a las personas titulares de las consejerías y magistraturas.
Su discusión de fondo no es sobre la materia electoral, sino qué hacer para no perder el poco poder político y económico que todavía les queda y que las y los mexicanos quieren retirarles.
Activista social. @larapaola1
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