A las mexicanas y mexicanos: La actual administración demostró que revertir las reformas neoliberales que buscaban entregar el sector energético a intereses privados sí es posible; sin embargo, la consolidación de la soberanía energética de México, como la de cualquier país del mundo, requiere de un proceso minucioso que no se concluye en seis años.
El daño ocasionado en los sexenios anteriores fue profundo y prolongado, nuestro país de ser un país exportador de petróleo se convirtió en importador, se dejó de invertir en la CFE, Pemex y las refinerías hasta mermar su capacidad al mínimo mientras se dieron todas las ventajas al sector privado para que participara tanto en la generación como en la venta de energía y combustible en detrimento de la economía nacional y de las familias mexicanas.
Las acciones del Ejecutivo Federal impidieron una crisis energética como la ocurrida en Estados Unidos y las diversas naciones de Europa que hace unos años decidieron dejar el sector energético en manos de empresas privadas.
Ante dicho escenario, la realidad es que el gobierno actual no solo evitó una crisis, sino que deja bases firmes al haber revertido las reformas pasadas de corte neoliberal y fortalecido las empresas del Estado. Ahora es necesario continuar por la ruta de la transformación energética e incursionar de lleno en el proceso global de transición energética.
En el marco del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera Claudia Sheinbaum Pardo presentó uno de sus ejes de gobierno cuyo objetivo es consolidar a México como una república soberana energéticamente y sustentable a través de seis objetivos fundamentales: 1) Fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la soberanía energética de nuestro país; 2) Establecer esquemas claros de inversión pública y privada; 3) Transitar hacia la eficiencia energética; 4) Garantizar precios asequibles y justos de la energía eléctrica, gas y gasolinas; 5) Reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero; y 6) Promover en las zonas rurales fuentes renovables de energía.
Además, de forma paralela, impulsará un ambicioso programa de inversión en energías renovables para acelerar la transición energética del país con una visión de largo aliento que permita proyectar un modelo de planeación energética para los próximos 30 años, lo que traerá consigo ventajas para México frente a los mercados internacionales.
Alcanzar la soberanía energética no es un postulado retórico, sino una condición necesaria para el desarrollo y reducir las desigualdades existentes. Es una necesidad impostergable si no queremos estar a merced de los intereses de las empresas transnacionales, cuyo objetivo es generar más y más ganancias, pasando por encima de los derechos de las personas.
Tener soberanía energética significa que el Estado es responsable de garantizar el suministro de electricidad y gas en los hogares a precios baratos, lo cual es indispensable para el bienestar y una mejor calidad de vida. Significa que no habrá apagones ni gasolinazos.
Las propuestas de Claudia Sheinbaum deben ser vistas en todo su contexto, la diferencia es que ella cuenta con una maestría en ingeniería energética y un doctorado en ingeniería en Energía, es decir, que sus planteamientos rebasan la esfera política para situarse también en la científica.
La diferencia es que sabe de lo que está hablado, tan es así que durante su gestión como jefa de gobierno de la CDMX, como parte del programa Ciudad Solar, construyó en la Central de Abasto la planta solar más grande del mundo instalada dentro de una ciudad y en materia de electromovilidad, construyó la línea 3 del Metrobús, que está totalmente electrificada.
La diferencia es que ella representa un movimiento que sintetiza la lucha del pueblo contra los abusos del poder político y económico, la lucha contra un régimen corrupto que saqueó por décadas a nuestra nación.
No estamos frente a una guerra de propuestas, no. Estamos frente a la posibilidad real de darle continuidad al proceso transformador que en 2018 avaló mayoritariamente la ciudadanía. Lo que significa que la calidad de las propuestas depende tanto de su viabilidad como de la legitimidad de quienes las realizan.
