A las mexicanos y mexicanos: Todo parece indicar que la Cámara de Diputados en uso de las facultades exclusivas que le confiere la Constitución reiterará su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año, a fin de dar cumplimiento a la Resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente a la Controversia Constitucional 209/2021.
Y es que el presupuesto solicitado por el INE al Ejecutivo Federal en su anteproyecto no le fue otorgado por considerarse excesivo. La Cámara de Diputados le asignó 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos, lo cual no fue poca cosa, es decir 4 mil 913 millones pesos menos a lo solicitado por el Órgano electoral.
A pesar de que en los últimos ocho presupuestos se le han aprobada cantidades menores a las solicitadas, ahora el INE reclamó ante la SCJN la invalidez de dichas determinaciones, bajo el argumento central de que requería más recursos para cumplir con sus funciones.
La respuesta mayoritaria de las y los legisladores fue contundente al reiterar la pertinencia del presupuesto aprobado, esgrimiendo como argumento central la austeridad republicana como un principio irrevocable para todas las instituciones públicas. Ya que si bien, el INE es un organismo autónomo por mandato constitucional, la autonomía no significa independencia del Estado, por lo que debe acatar los principios generales de política económica , lo cual implica utilizar y administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos.
Por otro lado, durante la discusión del martes en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se exhibió que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, violenta el precepto constitucional, ya que percibe un sueldo bruto mensual de 262 mil 634 pesos, superior en 95 mil 071 pesos respecto al del presidente de la República Mexicana.
Destacó durante el debate que, excepto el INE, todos los Organismo Autónomos Constitucionales han ajustado sus presupuestos conforme a los principios y criterios establecidos desde.
La controversia, su resolución y la confirmación de la Cámara de Diputados, son inéditas en nuestro país, las cuales ameritan reflexiones profundas no solamente por parte de los funcionarios públicos, sino también de la ciudadanía.
Y es que resulta increíble que un órgano del Estado por más autónomo que sea se niegue a ver la realidad económica del país a raíz del Covid-19 y de las fluctuaciones internacionales, pero, sobre todo, que se niegue a ver las carencias de la mayoría de las familias mexicanas.
No queda duda que estos deben ser tiempos de austeridad y de racionalizar el gasto, así como de focalizar los recursos en el bienestar social y en detonar la infraestructura en todo el país. El dispendio y el uso injustificado del dinero del pueblo no debe, nunca más, ser el común denominador ni de las instituciones ni de los funcionarios.
Más allá de lo planteado por las y los diputados, me parece que tan fueron suficientes los recursos otorgados al INE que los procesos electorales se llevaron a cabo sin ningún inconveniente, al igual que el de revocación de mandato. En otras palabras, el límite para la asignación del presupuesto debe ser la correcta operatividad de las instituciones, si ésta no se ve comprometida, la salida debe seguir siendo la austeridad.
Apretarse el cinturón en estos tiempos es una exigencia ética y una condición indispensable. Hacer más con menos y hacerlo bien debe ser la premisa de todos quienes participen en la esfera pública.
La democracia no debe ser cara, sino eficiente y de calidad. Cuando lo anterior no se asume, entonces quienes le salen muy caros al pueblo son los funcionarios, los gobernantes y los representantes populares que se niegan a administrar los presupuestos públicos con el cuidado que merece aquello que no es tuyo, pero, que te han confiado.
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