A las mexicanas y mexicanos: Como lo he expresado en este y otros espacios, la revocación de mandato es un instrumento constitucional para garantizar la participación activa de la ciudadanía, hacer valer su mandato y sujetar a su poder soberano a las y los gobernantes. Es una herramienta que posibilita el fortalecimiento del sistema democrático y representativo de México, al tiempo que abre paso a la democracia directa.
Reconocer y establecer, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes y a revocarles el mandato; significa el pleno reconocimiento de sus derechos políticos, dejando manifiesta la clara voluntad del Estado y la firme convicción sobre su necesaria progresividad en tanto derecho humano.
Es importante precisar que el proceso de revocación, no corre de manera paralela al de las instituciones y de los procedimientos legales, sino que recae dentro de la competencia del Instituto Nacional Electoral, en tanto organismo autónomo, que tiene la responsabilidad sobre la organización, desarrollo y cómputo de la votación, así como la emisión de los resultados. Lo cual otorga un alto grado de certeza jurídica, tanto a la ciudadanía como a los gobernantes sujetos a escrutinio público.
Quienes se empeñan en restar importancia y legitimidad a este proceso, en realidad a quien debilitan y minimizan es al pueblo y a su poder decisorio. Lo que, a todas luces, vulnera la democracia mexicana y desalienta la participación ciudadana, dos aspectos fundamentales para la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades hacia los funcionarios que detentan el poder público.
Este primer proceso de revocación de mandato nos debe convocar a todas y a todos. Lejos de desalentar la participación, es una obligación ética fomentarla. Es falso que no tendrá efectos vinculantes, que atente contra el principio de irretroactividad de la Ley o que sea una farsa.
La realidad es que se estableció un procedimiento adecuado, preciso, transparente y claro, para que las mexicanas y los mexicanos podamos echar del poder público a los gobiernos que estén actuando en contra de los intereses de la nación. Echarlos, no hasta las siguientes elecciones, sino a la mitad de su administración, porque no tendría sentido hacerlo de otra manera. ¿Para qué esperar más tiempo, si ya no le tenemos confianza? ¿Para qué dejar que se le siga haciendo daño al país?
No me cansaré de repetir que, si este instrumento hubiera estado vigente y en plena operatividad durante los gobiernos anteriores, la historia y realidad del país, seguramente serían otras. Como otras serían las estadísticas, el número de personas desaparecidas, asesinadas, de gente condenada a la pobreza y en situación de vulnerabilidad.
Poner el énfasis en si es revocación o refrendo de mandato, es pretender enturbiar un proceso que sólo pertenece a la ciudadanía. Es ocioso hacerlo porque si no se revoca se refrenda y si no se refrenda se revoca; es decir, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, en un mismo acto conlleva los dos supuestos y una sola verdad.
El pueblo es quien manda y, por lo tanto, tiene el derecho y la posibilidad de poner y quitar a sus gobernantes. Fue el pueblo quien eligió al presidente de la República y el único que puede revocarle el mandato en las urnas. De no hacerlo, quiere decir que le refrendará su confianza, tal como lo hizo en 2018.
Dicho de otra manera, si no hay el número suficiente de votos que determinen la revocación, quiere decir, que mayoritariamente el pueblo desea que continúe. En este sentido, debe quedar en claro que no es la institución electoral, los partidos, la opinión pública, ni otro Poder en quien recaerá la decisión, por lo que tenemos la obligación de respetar la decisión del pueblo y propiciar siempre la participación ciudadana sin sesgos, incertidumbre, mentiras e interpretaciones a modo. Este 10 abril el pueblo tiene una cita exclusiva con la democracia.
