La resolución del juez José Gabriel Ramírez Montaño pinta de cuerpo entero la corrupción de los juzgadores y la misoginia imperante dentro del oprobioso sistema judicial. La justicia debe llegar a tiempo, no tiene por qué ser perseguida hasta el último aliento por las víctimas de delitos atroces mientras son revictimizadas.
No podemos olvidar que han pasado cinco años desde que María Elena Ríos fue brutalmente agredida con ácido sulfúrico por instrucciones del presunto autor intelectual, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, en septiembre de 2019. Agresión por la que ha debido someterse a varias operaciones quirúrgicas para injertarle piel de su mismo cuerpo en el rostro, mano y cuello, debido a las lesiones causadas. Violencia ácida que detuvo de tajo sus sueños; el sonido de su saxofón se convirtió en un grito de justicia y toda su grandeza tuvo que ponerla al servicio de su resistencia. Se reencontró a sí misma en su propia mirada frente al espejo; soportó el dolor físico y emocional y sacó fuerzas de su corazón indomable para hacerse escuchar y mirar.
Cinco años en los que Malena no ha dejado de exigir justicia un solo día, a pesar de que ha sido revictimizada una y otra vez. Recordemos que, en octubre de 2023, exhibió fotografías en sus redes sociales y medios de comunicación donde la jueza María Teresa Quevedo Sánchez que llevaba su caso y la defensa jurídica de su agresor disfrutaban juntos una fiesta, motivo por el cual la juzgadora fue removida del caso, al haberse confirmado la cínica complicidad y corrupción que fue develada por la propia víctima.
Ha lidiado con medios de comunicación locales al servicio de los poderosos, que infamemente han intentado minimizar la agresión, impulsar una campaña de odio en contra de ella y absolver ante la sociedad a un feminicida que gozó de la protección de poderosos con quien compartía mucho más que la filiación partidista.
Y es que el exdiputado priista Vera Carrizal, de acuerdo con los informes difundidos en la prensa nacional, en menos de 4 años se convirtió en un próspero empresario y amasó una gran fortuna; es propietario de al menos diez gasolineras en Oaxaca, dueño de una empresa de hidrocarburos, concesionario de transporte y radiodifusoras. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le detectó ingresos en efectivo por más de 325 millones de pesos, así como operaciones que apuntan al lavado de dinero.
A pesar de todo lo anterior, hace unos días, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca de Oaxaca emitió un fallo absolutorio en favor de Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel “N” y Rubén “N”, procesados por el delito de feminicidio en grado de tentativa, determinando que las más de 20 pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes para sentenciarlos, ya que las lesiones inferidas a la víctima no pusieron en peligro su vida, por lo que ordenó su liberación inmediata y levantar todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se hubieran ordenado en su contra.
Este es el sistema de justicia que los representantes del neoliberalismo, de la corrupción, del tráfico de influencias y la impunidad se niegan a transformar. Esta es la justicia ensordecida y enceguecida por el poder político y económico que quieren perpetuar.
Ante tal aberración y su consecuente revuelo en redes sociales y medios de comunicación, el Consejo de la Judicatura Estatal inició una investigación en contra del juez para deslindar responsabilidades administrativas y penales en su contra, nombrando jueza sustituta a María Antonia Esteva Domínguez, quien en un acto de congruencia y ética jurídica declaró como nulo todo lo resuelto en la audiencia que apenas rebasó 15 minutos, por lo que los acusados continuarán en prisión preventiva. Decisión que significa un “rayo de luz de esperanza” para María Elena Ríos y para una sociedad ávida de justicia.
Desde este espacio exijo justicia para María Elena Ríos y la pena máxima para sus victimarios.
Activista social.
@larapaola1
