A las mexicanas y mexicanos: El Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares llena un vacío jurídico y da respuesta a múltiples problemáticas suscitadas en todo el país, derivado de las discordancias jurídicas entre la legislación de las entidades federativas, así como entre éstas y la norma federal, lo que invariablemente resulta en injusticias, juicios largos y costosos, revictimización e impunidad.
Y es que cada entidad tiene su propia regulación en la materia, lo que ha generado discrepancias profundas en las reglas, plazos y criterios procesales, así como en las sentencias aplicadas al mismo procedimiento jurisdiccional.
No podemos soslayar que la justicia cotidiana es la más próxima a las personas y también la más recurrente, ya que regula las relaciones jurídicas y dirime las controversias que acontecen día con día a lo largo de toda su vida. De ahí la importancia de contar con un Código Nacional, tal y como lo ordena la Constitución, pues casi todos los actos y hechos que tienen lugar en la vida de las personas son jurídicos, por lo que contar con un ordenamiento moderno, cuyo contenido esté a la altura y necesidades de la realidad nacional y de los más altos criterios internacionales, constituye una verdadera transformación del sistema jurídico mexicano.
Debo confesar que me sorprendió gratamente su lectura, es un Código unificado y congruente, claro, novedoso y respetuoso de los derechos humanos, el cual refrenda la importancia de que las Cámaras del Congreso, especialistas y sociedad civil trabajen de manera conjunta hacia un mismo fin.
Me parece que, junto con la Constitución y la Ley de Amparo, este nuevo Código forma la triada jurídica más importantes del país. Su articulado es en verdad vanguardista y muy esperanzador; la justicia civil y familiar al fin será abierta, cotidiana, accesible, sencilla, pronta y expedita. La oralidad dentro de los procesos, los medios alternos de solución de controversias y la justicia digital serán fundamentales para evitar el colapso de los tribunales. En este sentido, debo mencionar que los procedimientos, herramientas, mecanismos, acciones, excepciones, instituciones, plazos y criterios que contempla son acordes a un Estado democrático y de derecho, y sobre todo son congruentes con las necesidades, contextos y realidades de la sociedad mexicana.
Sin temor a equivocarme, creo que nunca habíamos tenido una norma tan moderna y orientada a proteger integralmente a la niñez, a las personas vulnerables, a las mujeres y a las familias, lo que se refleja en las medidas previstas en torno a los juicios familiares, principalmente en casos de violencia.
Todo lo relacionado al cumplimiento o recesión de los contratos, el matrimonio, el divorcio, la tutela y patria potestad, la herencia, la propiedad, la donación, la posesión, la repartición de bienes, la reparación del daño, y en general lo relativo a las materias civil y familiar dejará de ser complejo y tortuoso. Pero, sobre todo, dejará de ser corrupto, abusivo y discriminatorio, ya que reconoce y establece derechos y prerrogativas para las personas más vulnerables e impone límites y obligaciones a jueces y litigantes.
Un nuevo Código que merece ser celebrado y difundido, y del que casi nadie habla porque no pueden criticarlo. Un Código que, aunque les moleste tiene el sello de la 4T y que el país estaba esperando. Un Código que permitirá que lo cotidiano no esté alejado de la ley y que la justicia ya no sea inalcanzable y esporádica, sino cotidiana.
