A las mexicanas y mexicanos: Las reformas constitucionales aprobadas hace unos días por el Congreso con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las funciones y estructura del Poder Judicial, son de gran relevancia, ya que hablar de justicia en nuestro país, es referirse a una asignatura pendiente con la sociedad.
Quienes hemos sido revictimizados por las malas decisiones de los jueces y hemos encontrado en la justicia un obstáculo para acceder a nuestros derechos, entendemos por qué el Índice Global de Impunidad 2020 señala que existe una necesidad estructural para mejorar las capacidades de la impartición de justicia en nuestro país. No en vano el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) refiere que el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar acciones urgentes para reducir los altos niveles.
Armando Romero
Con responsabilidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, asumió públicamente que era necesaria, ya que los jueces no siempre son independientes e imparciales, frecuentemente sucumben ante intereses mezquinos, existe nepotismo y favoritismo para ocupar los cargos judiciales, el sistema de carrera judicial no funciona, existe corrupción, tráfico de plazas, intercambio de favores y se le pone un precio a la justicia. Responsabilidad que asumió el Ejecutivo al presentar la reforma y el Congreso en apoyarla, lo que augura nuevos y mejores tiempos para la justicia en México.
Resulta innegable que el Poder Judicial fue penetrado por la corrupción y la impunidad en perjuicio de la sociedad y, de la correcta, oportuna y eficaz impartición de la justicia; de ahí que el objetivo de esta reforma es el acceso a la pronta y efectiva impartición de la justicia como una garantía para todas las personas, lo que significa que deje de ser un privilegio para quienes pueden pagarla o forman parte de la cínica red de complicidades y corrupción que durante décadas se tejió en nuestro país.
Por sus alcances, las nuevas disposiciones apuntan no sólo a la transformación del Poder Judicial, sino de todas las instituciones del Estado, como es el caso de los abogados y los operadores jurídicos. Entre los aspectos más destacados de la reforma, figura el fortalecimiento del papel de la Suprema Corte mediante la adopción del sistema de precedentes judiciales; se depura la carga de asuntos en materia de las controversias constitucionales; se fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; se restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo; se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito para ser reemplazados por Tribunales Colegiados de Apelación; de igual manera, se eliminan los plenos de circuito y son sustituidos por los plenos regionales; se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial, se amplía la aplicación de la carrera judicial y se adopta en ella el principio de paridad de género; se prevé el Instituto Federal de la Defensoría Pública como órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y se faculta al Consejo para designar órganos jurisdiccionales especiales que conocerán de violaciones graves a derechos humanos.
Para consolidar el Estado de derecho en México, necesitamos una correcta impartición de la justicia, garantizar que se imparta sin privilegios, de manera ágil y expedita, lo mismo que erradicar la corrupción e impunidad, asegurar jueces profesionales, honestos, imparciales y eficientes para otorgar certeza a la ciudadanía. Tenemos que desterrar para siempre la noción de que es fácil violar la ley porque la justicia es lábil.
Esperemos que pronto en las Legislaturas de los estados hagan lo propio para que la justicia sea una realidad para todas y todos los mexicanos cuanto antes.
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
