A las mexicanas y mexicanos: Actualmente se analiza la posibilidad de reformar el apartado A , fracción IV del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que todo contrato laboral deberá prever que, por cada cinco días de trabajo la o el trabajador deberá de disfrutar de dos días de descanso, cuando menos.
La propuesta de aumentar el tiempo de descanso en favor de las personas trabajadoras parte de la premisa de que dicha disposición resultará benéfica tanto para la persona como para la actividad laboral, lo que repercutirá de manera positiva en la productividad y competitividad de los diferentes sectores económicos, ya que las y los trabajadores tendrán mayor tiempo para recuperarse física y mentalmente, tendrán menor predisposición a desarrollar enfermedades, particularmente trastornos psicoemocionales, podrán realizar otras actividades para su bienestar personal, familiar y social, contarán con tiempo para continuar capacitándose y profesionalizándose, entre otros aspectos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que México es, entre sus miembros, el país donde las personas trabajadoras laboran más horas al año, con un promedio de 2 mil 140, en tanto que el promedio anual de horas trabajadas de los demás países es de 1,726, por ejemplo, en Dinamarca 1,380 horas, Canadá 1,670, España 1,690, Noruega 1, 384 y Alemania 1,386. De acuerdo al INEGI en nuestro país existen más de 8 millones de personas que trabajan más de 56 horas por semana, es decir, todos los días de la semana con una jornada de 8 horas.
América Latina es donde más horas se trabajan en el mundo, 48 horas a la semana contra 35 de otras economías como Bélgica, Italia y Japón. Bajo este contexto no podemos soslayar que México, Uruguay y Paraguay son los países con más horas trabajadas al año en la región y que nuestro país ocupa el segundo lugar en enfermedades laborales. En este sentido, aumentar un día de descanso implicaría disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal de aproximadamente 22 millones de personas trabajadoras.
A pesar de las ventajas que lo anterior podría representar, es necesario analizar los riesgos que podría conllevar la reforma, como el costo adicional del pago de las horas extra que algunas empresas y comercios no podrían cubrir, como las micro, pequeñas y medianas, que dicho sea de paso, son las que más empleos generan. Por otro lado, al aumentar los costos de la nómina, también se elevarían los costos de producción para las empresas lo que ocasionaría el encarecimiento de productos y servicios en detrimento de toda la población.
Es un hecho que las personas trabajadoras no deben ser explotadas, pero es igualmente cierto que no todas las empresas podrán absorber las horas que su base trabajadora dejará de laborar y necesariamente incurrirán en costos adicionales que podrían ponerlas en riesgo y por lo tanto, se perderían fuentes de empleo. En consecuencia, es necesario analizar de manera profunda escuchando a todas las partes involucradas: trabajadores, empleadores y autoridades a fin de tomar la mejor decisión en beneficio de todas las partes, ya que en este momento el país atraviesa por una circunstancia favorable en materia laboral que no se había dado en los últimos 20 años, las inversiones directas han aumentado, se han creado nuevas fuentes de empleo y el salario mínimo ha crecido sustancialmente, a tal punto que, por primera vez en la historia, ha superado las remesas familiares.
Considerando las características de Latinoamérica y el contexto nacional, tal vez los ejemplos de naciones hermanas como Chile y Colombia, podrían sernos útiles para tomar decisiones, en donde la gradualidad podría ser la clave. La cual, a mi juicio debe ser lenta y definirse reglas por sectores y por tamaño de empresa, así como hacer programas piloto, para asegurar el respeto a los derechos de las personas trabajadoras y alcanzar una mayor productividad y una mejor competitividad en todo el país a efecto de evitar externalidades negativas. Además, es importante valorar el momento adecuado, ya que una decisión de este tipo podría frenar el aumento del salario mínimo en perjuicio de la clase trabajadora y de sus familias.
Activista social
@larapaola1
