A las mexicanas y mexicanos
El pasado lunes mediante un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Pemex concretó la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, propiedad de la empresa Shell, precisando que se adquirieron 50 por ciento de las acciones de la refinería y que el 50 por ciento restante ya pertenecía a Pemex.
A pesar de que el inicio de la presente administración, los resultados en materia energética y económica han sido buenos y hablan por sí solos, como era de suponerse, las opiniones no se hicieron esperar, particularmente de quienes han mantenido una constante descalificación hacia las acciones gubernamentales, en donde siempre apuestan a que las cosas salgan mal en detrimento del país y de la sociedad nacional, con tal de tener la razón.
La refinería, tal y como lo confirmó en la mañanera de ayer, será propiedad de Pemex, que ha sido socio de la firma anglo-holandesa en esa planta desde el año 1993; de acuerdo al Ejecutivo, tiene una capacidad para procesar 43 mil barriles diarios de petróleo y de producir alrededor de 110 mil barriles de gasolina al día. En los últimos años, ha tenido una reutilización de 80 por ciento y una actividad productiva de 90 por ciento; cuenta con un mantenimiento adecuado y tiene una producción constante.
Además, se proyecta una recuperación del recurso en dos o tres años conforme al análisis financiero realizado, por lo que se considera un buen negocio para México.
Junto con la nueva refinería de Dos Bocas en la que se prevé una producción de 340 mil barriles diarios, la modernización de las seis plantas del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y la reconfiguración de Tula, tendrá una producción suficiente para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbosina y otros petrolíferos, lo que de acuerdo a diversas estimaciones, alcanzaría una producción de 1 millón 362 mil barriles diarios.
El objetivo es que Pemex procese todo el petróleo crudo para dejar de comprar gasolinas y combustibles en el extranjero, evitar el aumento en los precios y ser autosuficientes en 2023.
El costo de la operación financiera para adquirir 50 por ciento de la refinería, de acuerdo con el presidente, fue de 596 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 12 mil millones de pesos, que serán financiados en su totalidad por el Gobierno Federal, por lo que se tiene programado que la operación de compraventa se cierre en el último trimestre del año, sujeta a la aprobación de las instancias regulatorias del Gobierno de Estados Unidos. Precisó que los recursos se tomaron de Banobras y el FONDEN, aunque en este punto es importante enfatizar que los recursos se obtuvieron gracias a la política de austeridad y al combate a la corrupción, por lo que no hubo necesidad de recurrir a créditos ni tampoco se adquirió una deuda.
En otras palabras, es evidente que la gran diferencia de la administración actual con las administraciones anteriores es que la política energética de Andrés Manuel López Obrador apunta a la soberanía y a no lastimar el bolsillo de las mexicanas y mexicanos, lo que necesariamente requiere poner un freno al saqueo del que fue objeto nuestro país por décadas.
La diferencia es contundente y no acepta falsas retóricas, ni análisis sesgados derivados de artilugios economicistas o legaloides, pues basta con traer a la memoria, algunos datos para echar por la borda los argumentos de quienes insisten en el camino del neoliberalismo, la corrupción y los privilegios para unos cuantos.
1) Recordemos que una de las principales acciones desde el inicio de la presente administración fue la instrumentación de una estrategia para combatir el robo de combustible, la cual, ha sido ampliamente respaldada por la sociedad nacional. En nuestro país la estimación de este robo por parte de organismos internacionales y nacionales, ascendió entre 4 y 5 mil millones de dólares anuales, la mayor parte (3 mil millones de dólares) a causa de la “ordeña” de ductos. En el año 2003, según cálculos de la SHCP, el delito subió a 12 mil millones de pesos; asimismo, al finalizar la administración de Felipe Calderón, se calculaba en 24 mil millones anuales; y en 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzó los 66 mil millones; es decir, el costo de las pérdidas era 5 veces más de lo que se pagará por la mitad de las acciones de la refinería Deer Park.
Durante el periodo 2011 a 2018, se incrementó la demanda nacional de hidrocarburos y disminuyó la oferta producida en México, lo cual, trajo como resultado el aumento sustancial de las importaciones de dichos recursos; no olvidemos el gasolinazo de 2017, año en el que el robo de combustible tuvo su mayor incremento.
De 7 mil tomas ilegales detectadas en 2012, pasaron a 40 mil en el sexenio anterior, a través de las cuales se extraían diariamente 9 millones de litros de combustible, equivalentes al consumo de la CDMX. El robo de combustible aumentó en 868 por ciento entre 2010 y 2018 en tanto que durante 2019 se logró disminuir esta cifra en más de 80 por ciento.
A las pérdidas derivadas por el tradicional huachicoleo debemos agregar las del “huachicol fiscal” , como la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debido a la importación de combustible, ya que existe una menor captación de recursos públicos, así como la merma directa a la economía de las familias al no recibir litros completos en las gasolineras, ilícito que también formaba parte de la red de complicidades entre los delincuentes, funcionarios públicos y algunos empresarios del sector.
2) La reforma en materia energética de 2014, impuso condiciones desventajosas para las empresas del Estado, las cuales se han ido eliminando durante la presente administración, a través de sendas reformas. La primera corrigió las irregularidades que ocurrían desde 1992 en la industria eléctrica y que se profundizaron en 2014; irregularidades que entre otros aspectos, derivaron en el otorgamiento indiscriminado de permisos de generación de electricidad a empresas privadas, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De manera concreta, se anularon las condiciones asimétricas de competencia en el sector eléctrico, eliminando así la prohibición del comercio intrafirma y los contratos bilaterales para la CFE, mediante la ejecución de contratos de entrega física; se evitó la simulación y la especulación en la generación de energía, a través de la modificación en los criterios de despacho; se eliminaron los subsidios y la políticas de dumping que favorecían a las empresas privadas en detrimento de la CFE; y se terminó para siempre con la corrupción amparada en el régimen de autoabastecimiento.
Ahora la CFE, ya no financiará centrales solares y eólicas privadas, no comprará obligatoriamente certificados, no subsidiará a sus competidores, no dará respaldos eléctricos, no asumirá costos económicos de porteo para operar, administrar y representar a las empresas privadas, ni tampoco tendrá la obligación de comprar electricidad privada porque no la necesita, ya que tiene la capacidad y centrales necesarias para satisfacer la demanda nacional.
Parafraseando a Gibrán Ramírez Reyes, quien en su artículo del 24 de mayo publicado en Milenio, dejó en claro cómo en la administración pasada, en lugar de dividir, realizaron una multiplicación en los cálculos técnicos, lo que dio como resultado una sobrada ventaja a las empresas privadas. Es justo señalar que el mercado eléctrico y de los hidrocarburos se estructuró de forma absurda y abusiva.
Por otro lado, no olvidemos que recientemente se reformó el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, mismo que limitaba el poder de PEMEX, pues no podemos soslayar que antes de la reforma energética de 2014, las actividades del sector le correspondían exclusivamente al Estado; sin embargo, para generar condiciones asimétricas, se dictaron diversas disposiciones que con el paso del tiempo y al alcanzar su objetivo, fue necesario eliminarlas para no continuar mermando la productividad de nuestra empresa y rescatar así la soberanía energética mexicana.
En suma, hoy el Ejecutivo está dispuesto a poner un alto al desmantelamiento y debilitamiento de las CFE y de PEMEX, a mantener bajo la rectoría del Estado el sector energético y a desterrar para siempre los negocios particulares al amparo del gobierno. Hoy no se financiarán más empresas privadas con dinero público.
3) Por si existía alguna duda sobre el saqueo a nuestro país, no podemos dejar de señalar que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en 12 años del periodo “neoliberal”, la industria minera en México extrajo más de mil 59 toneladas de oro, cifra que representa seis veces más de la producción de los 300 años que abarcó la época colonial en el país.
De 2006 a 2018, durante la administración de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la extracción de plata alcanzó las 48 mil 626 toneladas: más del 90 por ciento de lo que se extrajo durante la Colonia, con un promedio de 53 mil 940 toneladas del preciado metal.
En esos dos sexenios, 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. Tan sólo en 2015, la exportación de oro superó las 123 toneladas. El reporte oficial señala que la superficie territorial de México se extiende y alcanza 200 millones de hectáreas, y las concesiones mineras otorgadas a compañías extranjeras suman 117.6 millones de hectáreas; es decir, más de la mitad del país.
A lo anterior, tenemos que agregar que el agua es un recurso fundamental en la industria minera, por lo que unas 100 empresas privadas fueron beneficiadas con permisos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales. “El volumen concesionado en este orden equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua”. Las concesiones más grandes del agua se encuentran en estados desérticos como Sonora, Zacatecas y Durango, donde la población padece la escasez, sobre todo la más pobre.
La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales, de acuerdo con el informe.
4) La política económica del actual gobierno está siendo acertada y ha logrado corregir el galimatías de la anterior, en donde México siempre salía perdiendo. Coincido en algunos de los puntos expresados por Alejandro Werner en el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en éstos: el valor del peso en relación con el dólar es hoy ligeramente mayor al que tenía en diciembre de 2018; el nuevo gobierno detuvo la devaluación permanente de la moneda que en los 40 años de neoliberalismo se disparó a 20 mil por ciento.
Las cifras de la inflación anual giran en torno a un 3 por ciento, y se mueven dentro de los pronósticos aceptables del Banco de México; al margen de que el salario mínimo pasó de 88.36 a 141.7 pesos diarios en poco más de dos años de Gobierno, lo que significa un aumento de 60.4 por ciento. Recordemos que los neoliberales argumentaban incrementos descontrolados en la inflación, si se aumentaba el salario mínimo: la realidad los ha desmentido.
Además, por primera vez en la historia moderna de México, para 2021 la deuda pública no sólo no aumentará, sino que disminuirá. Actualmente es equivalente a 53 por ciento del Producto Interno Bruto, para que a finales del año será de 51 por ciento. No podemos olvidar que la deuda pública creció 4 mil 400 porciento en el período neoliberal, llevándola de una cantidad equivalente a 3 por ciento del PIB, hasta un 53 por ciento al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con base al incremento de la recaudación de impuestos y al no en la contratación de deuda, tal como lo hicieron las administraciones anteriores, se están desarrollando los grandes proyectos de infraestructura, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, la remodelación de las 6 refinerías existentes, el tren interoceánico que conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos en Veracruz y, el tren México-Toluca que nunca pudo terminar la administración priistas debido a las fallas técnicas y la corrupción existente.
Además, se destinan 500 mil millones de pesos anuales a programas sociales que impulsan el consumo, reactivan la economía y diversos mecanismos de inversión pública, para detonar la actividad económica, como el programa Sembrando Vida, los precios de garantía, y desde luego, el apoyo financiero que están recibiendo PEMEX y la CFE.
5) Nada más acertado que la política de austeridad y combate a la corrupción implementada por el presente gobierno, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha logrado recuperar menos de 10 por ciento de los recursos que se ejercieron de manera irregular en el sector público durante la última década. De cada 10 pesos empleados con irregularidades en el sexenio de Enrique Peña Nieto, apenas han vuelto a las arcas públicas 50 centavos.
En las cuentas públicas de 2013 a 2018 –correspondientes al sexenio de Peña Nieto–, se encontraron anomalías en el uso de recursos por 533 mil 719 millones de pesos, de los cuales se ha devuelto apenas 5 por ciento; es decir, 26 mil 899.3 millones.
El año con más irregularidades detectadas en la última década es 2018, en el que finalizó la gestión de Peña Nieto. De 174 mil 820.1 millones de pesos que se usaron de manera incorrecta, no se ha reintegrado ni un peso, de acuerdo al informe, que incluye cifras entregadas por la ASF.
Dicho en palabras llanas, en la actual administración se ahorra y cuida el dinero, en las pasadas se lo robaban. Podría seguir aquí enumerando muchas más razones para confiar en Andrés Manuel López Obrador y en que la decisión de invertir en la nueva refinería es adecuada, así como para desconfiar del viejo régimen y de sus defensores, quienes se han vuelto expertos en difundir verdades a medias y mentiras completas para descalificar al actual gobierno de México.
No encuentro ninguna razón para creerles a quienes se beneficiaron de las políticas erráticas y depredadoras, y sí muchísimas para continuar impulsando la transformación de nuestro país en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Ustedes estimados lectores, ¿en quién confían?
Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX;
activista social y exdiputada federal. @larapaola1