A las mexicanas y mexicanos: Una vez más las mentiras, la desinformación y la confrontación ha sido la respuesta de los opositores de la 4T ante la iniciativa político-electoral propuesta por el Ejecutivo al Congreso y la cual está en los albores de su discusión, después de un largo proceso de análisis llevado a cabo a través del Parlamento Abierto en donde en más de una veintena de foros se escucharon a todas las voces ciudadanas, académicas, sociales y políticas del país.
La reforma es necesaria y tiene su mejor impulso en las demandas mayoritarias de la ciudadanía, por lo que, es preciso aclarar que la propuesta de Andrés Manuel no prevé la desaparición del INE, sino cambio de nombre y su fortalecimiento. Seguirá siendo constitucionalmente autónomo y sus consejeras y consejeros serán cien por ciento ciudadanos, no sólo por su origen, sino porque llegarán al cargo a través de una elección popular.
Lo que se pretende es tener un organismo electoral sin burocracia dorada, cuyos funcionarios no ganen más que el Presidente y no le carguen al erario públicos sus lujos y excesos. En este sentido, y de forma congruente, la elección de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, también serán elegidos por la ciudadanía en aras de garantizar su autonomía e imparcialidad.
Se prevé eliminar a las y los diputados federales y senadores plurinominales para dar paso a una auténtica representación ciudadana con solo 300 diputados y 96 senadores, pues los “pluris” representan a los partidos y no al pueblo.
En lo que respecta a la integración de los Congresos Locales y Ayuntamientos, se regirán también por el método de listas postuladas, y el número de curules y regidurías corresponderá a los habitantes de la entidad federativa o del municipio, habiendo un límite máximo de 8 regidores por Ayuntamiento.
Lo anterior pretende hacer más eficiente y menos costosos tanto al órgano electoral como a los Congresos Federal y de las entidades federativas, así como a los Cabildos, ya que el objetivo es servir al pueblo y no servirse de éste.
Haciendo eco de una exigencia social, los partidos políticos dejarán de ser negocios privados, por lo que se limitará el financiamiento público para destinarlo solamente a las campañas electorales. Medida que además de acertada es justa en términos sociales y económicos.
Se propone reducir a 30 minutos diarios la propaganda electoral tanto en radio y televisión para evitar que la ciudadanía sea saturada de spots que poco informan, al tiempo que se pretende avanzar en el voto electrónico, a fin de que nuestros connacionales en el extranjero puedan ejercer sus derechos políticos sin restricciones.
Es importante señalar que la idea es tener un solo órgano electoral de alcance nacional y no treinta organismos como existen actualmente, así como una legislación única para evitar sesgos e interpretaciones a modo en cada entidad y en cada elección.
Y, finalmente, se plantea reducir la participación a 33% para que las consultas populares sean vinculantes, ya que el porcentaje actual no posibilita que el pueblo pueda decidir en los asuntos fundamentales para el país.
Dicho de manera clara, el principal objetivo de la propuesta presidencial es darle el poder al pueblo, para que nunca más los funcionarios, las instituciones y los partidos políticos estén por encima de su voluntad.
Quienes se han autoerigido en defensores del INE han emprendido una marcha y una lucha tan ociosa como mentirosa, porque en realidad no tienen nada que defender, excepto sus intereses personales. Desde su trinchera o infiltrados en Morena, vestidos con piel de oveja, afilan los colmillos para arrebatarse lo poco que les queda.
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