La necesidad de unificar la legislación penal en México ha sido planteada desde 1931 durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas por los especialistas en la materia, sin embargo, los gobiernos siguientes y sus Congresos con el erróneo y mañoso argumento del respeto a la soberanía de los estados se negaron a construir una tipología sustantiva homóloga que hiciera posible la procuración e impartición de la justicia, a sabiendas que la disformidad de la norma jurídica era una puerta abierta para la impunidad y la corrupción.
Durante casi 90 años las víctimas del delito han sufrido las consecuencias de la labilidad de la legislación penal derivada de la diversidad que subsiste en 33 códigos penales —uno por cada entidad y la Federación— encontrando en los sistemas de procuración e impartición de justica vacíos y omisiones que han dado paso a la crisis de seguridad que padecemos.
Los sectores más vulnerables de la población como las mujeres, personas menores de edad, indígenas y adultas mayores sufren una triple victimización: por los delincuentes, por el sistema penal y por su condición de género, etaria y/o social. Los delitos graves y que más dañan a la sociedad están encuadrados de manera diferente en cada código, incluso, el robo de una vaca llegó a ser sancionado en algunos estados con mayor rigor que la violación a una adolescente.
En nuestros días la trata de personas, la extorsión, el abuso sexual contra las y los menores de edad, el feminicidio y muchas otros delitos tienen un tratamiento disímbolo de una entidad federativa a otra, a pesar de que estas conductas fueron calificadas como materia del fuero federal y están sujetas a sanciones severas en el Código respectivo, lo que impide se sancionen proporcionalmente a la gravedad del daño, se califiquen como delincuencia organizada y se apliquen las medidas cautelares necesarias previstas en la Constitución.
Así, mientras la legislación y el sistema de justicia penal constituyen una puerta giratoria para los delincuentes y una mina de oro para los corruptos, para la ciudadanía es un tortuoso laberinto sin salida ni retorno que la mantiene atrapada en un tejido burocrático de complicidades, injusticias e inconsistencias legales. Los delincuentes con la diversidad normativa pueden acogerse al beneficio de la pena menor, en tanto que las víctimas deben resignarse a su fatídica realidad.
Una realidad que ahora se vislumbra diferente, ya que el gobierno encabezado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tiene la clara voluntad de construir un Código Penal Único, cuyo alcance nacional garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles, es decir a iguales delitos iguales castigos. Así como para dar vida a un nuevo marco jurídico que distribuya competencias para establecer los mecanismos de cooperación, colaboración, investigación y ejercicio de la acción penal entre la Federación y las entidades federativas; homologue los procedimientos de procuración de justicia; y establezca la creación de un registro nacional de investigaciones para evitar que los delincuentes continúen sin castigo y la sociedad tenga la seguridad, tranquilidad y certeza que merece.
Titular del Fondo Mixto de Promoción
Turística de la CDMX;
activista social y exdiputada federal
