La discriminación tiene distintas formas, una de las más persistentes y lacerantes por sus efectos es en el lenguaje, toda vez que constituye un factor determinante en las actitudes culturales y sociales. El lenguaje es poderoso, su peso define en gran medida la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, por lo que incorporar en la norma jurídica un lenguaje libre de atavismos sociales, constituye un elemento prioritario y estratégico para organizar la vida en sociedad, así como para combatir los prejuicios del pasado, promoviendo la igualdad.
Cuando la ley contempla términos que presuponen la superioridad de un género sobre otro está contribuyendo a mantener un sistema de opresión y discriminación, reconocerlo y evitarlo es fundamental para corregir las disparidades existentes. Por ejemplo, al usar el masculino de manera genérica para referirse a todas las personas, ignorando la existencia y contribuciones de las mujeres, se invisibiliza a más de 50% de la población, reforzando la idea errónea de que los hombres son la norma y las mujeres somos la excepción.
En un mundo cada vez más diverso y en constante evolución, la legislación debe reflejar y promover la igualdad e inclusión, asumiendo que el lenguaje es una herramienta poderosa que moldea las percepciones, valores y relaciones sociales, debiendo ser inclusivo.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con acierto señala que por mucho tiempo el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica, una herramienta a través de la que se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas. Así, el lenguaje excluyente ha reforzado la idea errónea de que las mujeres tienen un papel de inferioridad.
El Senado de la República antes de cerrar su periodo de sesiones, aprobó un dictamen que envió a la Colegisladora para su correspondiente proceso legislativo, que reforma 31 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incorporar expresiones inclusivas de género y visibilizar la representación de las mujeres en cargos públicos, lo que resulta de la mayor relevancia para dar continuidad al avance democrático de las mujeres y alcanzar la igualdad sustantiva.
Las reformas incorporan el uso no sexista del lenguaje, visibilizando a las mujeres en la Ley Fundamental, contribuyendo a consolidar los avances en materia de igualdad y a eliminar las barreras estructurales que perpetúan las desigualdades.
Es preciso entender que, el lenguaje no solo comunica, también moldea la forma en que comprendemos el mundo. El idioma y el derecho son organismos vivos que debe evolucionar junto con
las sociedades. Una democracia verdaderamente incluyente, además de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, debe visibilizar y reconocer a todas las personas en su marco normativo.
La reforma constitucional en ciernes reafirma que es tiempo de mujeres y que solo lo que se nombra existe, como lo ha precisado con claridad la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Un tiempo en el que afortunadamente han nacido mis hijas y en el que estoy segura de que al igual que todas las niñas de México serán una generación de mujeres autónomas y empoderadas.
Activista social
@larapaola1