Están por concluir los Diálogos Nacionales sobre la reforma constitucional al Poder judicial, convocados por el Congreso de la Unión a efecto de entrar de lleno al proceso de Dictaminación con el objetivo de que las siguientes Legislaturas de ambas Cámaras discutan durante el primer Periodo de Sesiones las modificaciones constitucionales para modernizar el sistema judicial mexicano e incorporar nuevas disposiciones que garanticen la pronta y expedita administración de justicia.
Durante los foros ha quedado clara la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en los sistemas judiciales federal y locales; fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales, a fin de combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia.
La Iniciativa presidencial que se analiza, crea en el Poder Judicial órganos especializados en administración y vigilancia, en aras de lograr una mejor gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, y asegura la adecuada profesionalización, capacitación, formación y desempeño del personal judicial con el fin de mejorar el funcionamiento de los tribunales y la prestación de servicios en favor de las y los gobernados.
Paradójicamente la idea de democratizar al Poder Judicial para algunos ha sido una afrenta, se niegan a reconocer que la convivencia entre la justicia y la democracia sí es posible, y que el pueblo tiene todo el derecho y plena capacidad para elegir a las personas titulares de los tres Poderes del Estado en los distintos órdenes de gobierno.
Insisten en mantener un régimen jurídico de élite donde las y los juzgadores están lejanos a la sociedad. Pretenden sesgar el debate y espíritu de la Iniciativa aludiendo posibles injerencias del poder político, económico y fáctico, negando a toda costa lo que actualmente sucede para desvirtuar el propósito de la reforma, el cual precisamente apunta a evitar dichas intromisiones para dar paso a un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente a través del voto popular.
En este intento de descrédito han dejado en segundo plano un tema fundamental para la sociedad nacional: el nuevo órgano de administración judicial, entre cuyas funciones está lo relacionado con el Instituto Federal de Defensoría Pública.
Y es que, tal y como fue expuesto en el Foro de Saltillo Coahuila, la propuesta presidencial impulsa defensorías públicas federales y estatales robustas, profesionales y eficientes.
Mayoritariamente las y los mexicanos demandan el ejercicio pleno del derecho constitucional a tener acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita, lo que necesariamente requiere de una defensoría pública diferente a la que hoy tenemos.
Resulta inaceptable querer mantener un Poder Judicial ostentoso, mientras que los defensores de oficio y ministerios públicos están mal pagados, saturados de asuntos y sin las herramientas y capacitación necesarias para garantizar una adecuada y justa defensa.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio, es un derecho que debe ser garantizado tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional, que dispone una defensa pública gratuita y de calidad. Es imperante fortalecer la defensoría pública, ya que ahí acuden las personas más vulnerables que no pueden pagar un abogado.
Ojalá quienes se rehúsan a perder privilegios metalegales, defendieran con la misma vehemencia el derecho de las y los mexicanos a una defensa profesional y oportuna. Tal vez así habría menos personas inocentes en las cárceles, menos pobres purgando condenas injustas o en la eterna espera de una sentencia que nunca llega, pero que en los hechos llevan varios años purgando.
Activista social. @larapaola1
